La Tregua con pandillas fue política de gobierno de Mauricio Funes
Funes, al haber autorizado la tregua permitió que las pandillas mejoraran sus finanzas y compraran armas, entre ellos fusiles y adiestrarse en el uso y manejo para enfrentar a la fuerza policial.
El expediente tregua con pandillas, judicializado el 26 julio del año 2020 en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, señala que el expresidente Mauricio Funes, avaló ese proceso ilegal y tuvo conocimiento pleno de los ilícitos que se cometían, pero no hizo nada ya que solo buscaba tener una buena imagen.
El pacto con las pandillas otorgó beneficios económicos, privilegios en las cárceles y los cabecillas de estas estructuras eligieron 11 municipios que denominaron «santuarios» y que el gobierno les entregó en ese proceso ilegal, y permitió el crecimiento de estos grupos terroristas en más de 60,000, incluso, en un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en septiembre del año 2013, Funes justificó la tregua con las pandillas.
Los testimonios y abundante documentación recopilada por la Fiscalía encaminan el caso hasta la fase final del proceso penal donde el exmandatario con siete órdenes de captura y asilado en Nicaragua podría ser condenado por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, debido a que con sus acciones promovió, facilitó e impulsó a las pandillas.
El 10 de agosto del año 2017, cuando David Munguía Payés llegó a declarar como testigo al Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador dijo que Funes avaló la tregua con pandillas y que era parte de una política de gobierno.
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En ese momento Munguía Payés, había sido protegido por los gobiernos del FMLN pues pese a todos los señalamientos de testigos y que él mismo había admitido un papel protagónico en la tregua, no lo habían procesado.
El 19 de mayo del año 2017, durante la audiencia preliminar contra 18 acusados de la tregua con pandillas un peritaje desarrollado por un analista operativo de la División Antipandillas de la Policía y la declaración de un testigo criteriado [que colabora con la Fiscalía] confirmaron que los beneficios de la tregua llevaron a los cabecillas a fortalecer su accionar delictivo.
Señaló que las reuniones con funcionarios del gobierno de Funes les facilitó planificar actividades ilícitas que debían ejecutarse ya que César Daniel Renderos, alias, «El Muerto de Las Palmas» les aclaró que la tregua iba finalizar y que, para ese momento, la pandilla debía estar preparada.
Funes, al haber autorizado la tregua permitió que las pandillas mejoraran sus finanzas y compraran armas, entre ellos fusiles y adiestrarse en el uso y manejo para enfrentar a la fuerza policial.
