Vehículo decomisado con armas micro UZI y porciones de droga en San Jacinto pasa definitivamente al Estado
El tribunal aplicó la Ley de Extinción de Dominio tras comprobarse que el automotor era utilizado para actividades delictivas en San Salvador.
Un vehículo automotor que fue decomisado por las fuerzas de seguridad pública en San Salvador pasó de forma oficial a ser propiedad legal del Estado salvadoreño. La resolución judicial fue emitida tras la aplicación estricta de la normativa de extinción de dominio promovida de manera técnica por la Fiscalía General de la República (FGR). El automóvil en mención, propiedad original del ciudadano Marcelo Rolando Rivas Bonilla, había sido interceptado por las patrullas policiales en una arteria principal del barrio San Jacinto, ubicado en la periferia sur del municipio capitalino.
La incautación inicial del vehículo se ejecutó de forma flagrante sobre la Avenida Cuba, momento en el cual el automotor era tripulado por German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez. Durante el procedimiento de registro preventivo, los agentes de la corporación policial descubrieron que los sospechosos transportaban material bélico de uso privativo. Las autoridades les decomisaron de manera inmediata dos armas de fuego automáticas tipo micro UZI, de calibre 9 milímetros, junto a un cargamento ilegal de estupefacientes.
El reporte técnico de la fiscalía detalló que el decomiso de sustancias ilícitas al interior del habitáculo consistió en 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana empaquetada. Durante el desarrollo de la audiencia de sentencia correspondiente, el juez de la causa determinó que el dueño legítimo de la unidad actuó con total negligencia civil. El propietario omitió cumplir con los procesos de debida diligencia que exige de forma obligatoria la ley de la materia al momento de ceder o transferir temporalmente el uso de un bien mueble.
Finalmente, el tribunal especializado dejó plenamente establecido que el dueño prestó el automotor a German Stanley Martínez Aguilar cuatro días antes de la captura sin respaldarse en un contrato de arrendamiento formal. Al no existir un documento legal de respaldo que desvinculara al propietario de las actividades delictivas de los ocupantes, el bien fue extinguido a favor de las cuentas del Estado. Con esta sentencia firme, el ministerio público ratifica su rumbo estratégico enfocado en golpear las estructuras logísticas del crimen organizado para edificar un entorno nacional ordenado, moderno y seguro.
