Dos años de cercos de seguridad: una estrategia del gobierno para combatir las pandillas

Desde hace dos años, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha puesto en marcha una controvertida estrategia de cercos de seguridad como parte de su Plan Control Territorial, destinada a combatir la delincuencia y desarticular pandillas en El Salvador. Esta táctica comenzó en octubre de 2022 con el primer cerco en Comasagua, tras el asesinato de un cuidador extorsionado por grupos criminales.

El cerco inicial reunió a más de 2,000 soldados y agentes de la Policía Nacional Civil, resultando en la detención de más de 155 pandilleros, incluyendo miembros de la clicla Witmer Locos Salvatruchos de la MS13. Este primer intento fue considerado un éxito, lo que llevó al gobierno a expandir la medida a otras localidades.

Al lanzar la quinta fase del Plan Control Territorial en noviembre de 2022, Bukele explicó que la estrategia se basaría en dos pilares: la extracción de pandilleros y el cerco de grandes áreas para facilitar esta labor. Desde entonces, las autoridades han establecido cercos en varios municipios, incluyendo Apopa, Soyapango y comunidades de San Salvador y Chalatenango.

El último cerco, implementado en mayo de este año, se enfocó en varias colonias de Apopa, tras recibir numerosas denuncias sobre la actividad de pandillas. En esta operación, más de 3,000 efectivos fueron desplegados, reafirmando el compromiso del gobierno en la lucha contra la criminalidad.

Si bien la estrategia ha mostrado resultados en la reducción de delitos, también ha sido objeto de críticas por sus implicaciones en derechos humanos. A medida que el gobierno continúa su enfoque militarizado, se generan debates sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles en el país.

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