La estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado lo que en 30 años no consiguieron los fracasados planes gubernamentales de los partidos ARENA y FMLN: acabar con el asedio de las pandillas a los empresarios del transporte público de pasajeros.
Por décadas, los propietarios de buses y microbuses se vieron obligados a entregarles a las pandillas por año entre $12 millones y $34 millones en concepto de extorsión (ver gráfico); adicional a ello, los transportistas debían entregarles a las maras grandes cantidades de dinero por «aguinaldo navideño» al cierre de cada año.
La negativa de los empresarios de no cancelar montos millonarios a los pandilleros se tradujo en el asesinato de motoristas, cobradores, despachadores de línea y empresarios. También conllevó a la quema unidades y hasta generar afectaciones colaterales en perjuicio de miles de usuarios, incluso siendo víctimas circunstanciales en ataques armados provocados por las pandillas.
A eso se suma la delincuencia común como el raterismo. Exigían «en nombre de grupos terroristas» dinero a conductores de las unidades o simplemente las abordaban para despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Ese era el pan de cada día al que estaban expuestos miles de salvadoreños.
Lea También: Presidente de la Asamblea desmiente a medio opositor sobre el pago de escalafones