La violencia contra la mujer: un problema social, no individual
Estudiante de Ciencias Jurídicas -ULS-
Incluso en países como Islandia, Suecia y Finlandia que están en los primeros puestos en seguridad, igualdad de género y felicidad, se registran tasas elevadas de violencia de género e intrafamiliar, en comparación con otros países de su región. Ese problema social ha sido definido como “la paradoja nórdica”, lo que es un silencioso llamado de atención a quienes lo estudian. Entretanto, en América Latina la violencia contra la mujer tiene valores desbordados, aunque la inmensa mayoría de los casos quedan encerrados entre las cuatro paredes de la casa.
Las razones detrás de ese tipo de violencia en sociedades desarrolladas son contradictorias. Por un lado, en dichos países existen altos niveles de denuncia, lo que visibiliza el problema y, por ello, el monitoreo arroja números elevados. Y es que, en esos tres países, las mujeres sienten una gran confianza en la institucionalidad que las protege (policía, justicia penal, organismos sociales) y, además, es evidente que existe un fuerte rechazo cultural a la violencia, pero eso no es suficiente para erradicarla. Al existir una institucionalidad sólida, las mujeres denuncian con más frecuencia, impidiendo que el Estado sea un revictimizador.
En esos países, la dinámica que precipita la violencia contra la mujer tiene que ver con casos de salud mental, control familiar coercitivo, abuso de drogas o alcohol, y son de carácter doméstico, y éstos no desaparecen automáticamente por decreto, ni son minimizados por la riqueza económica o la paz pública que impera. No obstante, el hecho más relevante que visibiliza el problema es que la legislación tipifica rigurosamente, y en detalle (mucho más que en otros países que ocultan el hecho con la definición de “conflictos comunes o privados), cualquier expresión de violencia, tal como la psicológica, moral, ideológica, control económico y el acoso digital por parte de la pareja.
En el contexto salvadoreño, el factor elemental para erradicar un problema tan complejo, aberrante y persistente es, sin duda, cómo responde el Estado jurídicamente, o sea la capacidad de la legislación para castigar al victimario, la educación preventiva y proactiva y el nivel de protección real que se le da a la víctima cuando acude por ayuda.
Como mujer, sé que atemoriza la cuestión de que -en pleno siglo XXI y en un país que ha hecho la hazaña histórica de salir del grupo de los más peligrosos del mundo- todavía se tengan casos de mujeres asesinadas, golpeadas o sometidas moral y económicamente por su pareja, y eso me lleva a preguntarme: ¿qué es lo que está pasando? Parece que esa es una pregunta sin respuesta, pues es un problema social (no individual) históricamente complejo con muchas vertientes, ya que hemos heredado un país signado por la desigualdad social, de todo tipo, en la que las mujeres tienen la desventaja y ese es un hecho al que recurren muchos hombres para dominar y someter a las mujeres, quitándoles el protagonismo igualitario en el ámbito familiar.
Por esa razón, como mujer y futura profesional del derecho, creo que es fundamental hablar de ese tipo de violencia para ser una portavoz de las posibles soluciones al mismo incidiendo desde las instancias judiciales. El ciclo de la violencia contra la mujer es lento, sigiloso, dura muchos años, y regularmente pasa por varias etapas que es necesario discutir y definir penalmente. Sé que no es fácil romper ese problema social tan denigrante, que hay que hacer un esfuerzo cotidiano enorme aprovechando el clima de paz que vivimos, pero es peor quedarnos calladas, es peor no defendernos, es peor que el miedo gobierne la vida familiar, porque eso impacta negativamente en nuestros hijos y su personalidad social.
En resumen, puedo afirmar que la violencia contra la mujer no es un problema individual que sólo afecta a mujeres aisladas, sino que es un problema social que incumbe a todos porque deteriora a la sociedad en su conjunto, debido a que profundiza la desigualdad social. Es necesario actuar de raíz y hacer que coincida lo jurídico con lo cultural, porque las transformaciones sociales tienen que partir de la transformación cultural, y en ella las mujeres somos imprescindibles y somos sus portadoras sociales.
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