Trabajo y Fiscalía sellan alianza para modernizar la gestión de sanciones
Con la implementación de un sistema de trazabilidad electrónica, ambas instituciones buscan mejorar los estándares del mundo laboral y asegurar que las multas se ejecuten sin retrasos.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social firmó un convenio con la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de modernizar y agilizar el proceso de gestión de multas aplicadas a empleadores que incumplen la legislación laboral. El acuerdo fue suscrito entre el titular de Trabajo, Rolando Castro, y el fiscal general, Rodolfo Delgado, en un acto que marca un avance significativo hacia una respuesta más rápida y efectiva ante las infracciones en el ámbito laboral.
El punto central del convenio es la implementación de un sistema de trazabilidad electrónica que permitirá dar seguimiento inmediato a todas las sanciones emitidas por el Ministerio de Trabajo. Esta herramienta tecnológica busca reducir los tiempos de tramitación, mejorar la coordinación entre ambas instituciones y garantizar que cada caso tenga una ejecución oportuna.
Según Castro, la articulación con la FGR representa un paso determinante para alcanzar la meta de cero impunidad laboral en el país. Explicó que el nuevo mecanismo no solo fortalecerá la eficacia institucional, sino que también ofrecerá a los trabajadores una garantía real de que sus derechos serán defendidos con celeridad y transparencia.
El fiscal general Rodolfo Delgado respaldó la iniciativa, destacando que la modernización del proceso sancionatorio permitirá elevar los estándares del mundo del trabajo y consolidar una cultura de respeto a la normativa laboral. Ambos funcionarios coincidieron en que el convenio contribuirá de manera directa al fortalecimiento del Estado de derecho y al incremento de la confianza ciudadana en las instituciones.
Castro expresó su agradecimiento a la Fiscalía General por su disposición para establecer esta alianza estratégica, subrayando que el esfuerzo conjunto llevará justicia laboral a todos los salvadoreños. Con esta acción, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger a la clase trabajadora y de asegurar que las empresas cumplan con la normativa vigente sin excepciones.
