El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, salió de prisión tras cumplir una condena de 10 años por corrupción. Ante su excarcelación, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 28 de octubre que los bienes y propiedades vinculados a su caso continuarán bajo custodia del Estado.
La institución indicó que la condena contra Saca fue acordada durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, administración que también estructuró el proceso judicial contra el exmandatario.
La FGR sostuvo que empresas, inmuebles, vehículos y otros activos sujetos a medidas estatales no serán restituidos como consecuencia de la salida de prisión del expresidente. Según el comunicado, esos bienes permanecerán bajo control estatal conforme a las decisiones judiciales y las normas vigentes.
En marzo de 2026, un juzgado ordenó que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros vinculados con Saca pasaran a manos del Estado. Los activos fueron valorados en aproximadamente $9,6 millones, incluidos $7,5 millones en propiedades y cerca de $2 millones en productos financieros.
La Fiscalía afirma que evitó una salida antes del cumplimiento de la pena
El Ministerio Público aseguró que una revisión interna permitió detectar un supuesto plan, atribuido a la gestión de Meléndez Ruiz, que contemplaba recursos legales para que Saca recuperara la libertad antes de completar su condena.
De acuerdo con la Fiscalía, el mecanismo habría permitido que el expresidente saliera de prisión antes de cumplir la mitad de la pena impuesta. La actual administración afirmó que tomó medidas para impedir que esa alternativa avanzara.
La institución reafirmó que mantendrá la custodia de los bienes vinculados al caso y defendió sus actuaciones en nombre de los intereses del Estado salvadoreño.
La condena por el desvío de fondos de Casa Presidencial
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Saca el 13 de septiembre de 2018 por el desvío y lavado de $301 millones de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009. La sentencia lo convirtió en el primer salvadoreño condenado por delitos de corrupción vinculados con el ejercicio de la Presidencia de la República.
La pena incluyó 10 años de cárcel y una responsabilidad civil de $ 260,7 millones por el daño causado al Estado. La Fiscalía había solicitado cinco años por apropiación o utilización ilegal de fondos públicos y otros cinco por lavado de dinero y activos.
La investigación fiscal estableció que dinero de las cuentas institucionales de Casa Presidencial fue trasladado a cuentas particulares mediante cheques sin respaldo legal y operaciones destinadas a ocultar el origen de los recursos. La estructura investigada habría movilizado alrededor de $ 301 millones del erario público.
