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En El Salvador existen mismas leyes contra delincuentes, pero con aplicación desigual

La abogada Tahnya Pastor lamenta el trato selectivo que se da en algunos casos en los que están implicados altos exfuncionarios, pero cuando son civiles la justicia no dudan o vacilan en dictarles órdenes de detención.

Rebajas en condenas a cambio de confesar delitos, tratos selectivos y medidas alternas a la detención son parte de los beneficios que exfuncionarios acusados de corrupción han recibido de parte del sistema judicial salvadoreño en los últimos años. Sin embargo, hay personas de la sociedad civil que fueron sentenciados hasta con 11 años de cárcel por el robo de un celular o por tenencia ilegal de arma de fuego y sin el ofrecimiento de someterse a un juicio abreviado.

Los casos más emblemáticos son los del expresidente de la república Elías Antonio Saca; el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlaix; el expresidente de la ANDA, César Funes y en los últimos días Regina Cañas «Tía Bubu», ex esposa del prófugo Mauricio Funes son parte de los beneficiados con rebajas en sus condenas, luego de confesar que cometieron delitos de corrupción y de devolver el dinero mal habido. Andrés Gómez Pineda no corrió con la misma suerte y tras confesar el robo de un celular fue condenado a 5 años de cárcel y el pago de $400.

En el caso del exministro de Justicia y Seguridad y exministro de la Defensa Nacional, General David Victoriano Munguía Payés tiene un proceso pendiente por agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, pero el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador solo le decretó medidas alternas a la detención mientras sigue su proceso.

De igual forma, el diputado suplente del FMLN Edwin Armando Grijalva Segundo, sigue un proceso en libertad por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego en perjuicio de la paz pública. Pero, Walter Antonio Palacios Aguilar está detenido por el delito de fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos caseros o artesanales en perjuicio de la paz pública.

La abogada Tahnya Pastor lamenta el trato selectivo que se da en algunos casos en los que están implicados altos exfuncionarios, pero cuando son civiles la justicia no dudan o vacilan en dictarles órdenes de detención.

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