Asesinan a exdiputado ucraniano Andrii Portnov cerca de Madrid
Portnov, sancionado por Estados Unidos por corrupción, fue atacado a tiros frente a un colegio en Pozuelo de Alarcón; autoridades ucranianas confirman su muerte.

La víctima recibió múltiples disparos mientras intentaba subir a un vehículo. Varias personas le dispararon en la espalda y en la cabeza, y luego huyeron hacia una zona boscosa, según informó una fuente que confirmó que se trataba de Andrii Portnov.
El exdiputado ucraniano, sancionado por Estados Unidos por corrupción, fue asesinado frente a un colegio norteamericano en Pozuelo de Alarcón, una zona acomodada cerca de Madrid.
Hasta ahora, las autoridades de Ucrania no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente.
Un funcionario del servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR), que prefirió mantenerse en anonimato, confirmó a AFP la muerte de Portnov, indicando simplemente que fue asesinado a tiros, sin aportar más detalles.
Portnov, jurista y exalto funcionario ucraniano, fue diputado en los años 2000 y luego se desempeñó como jefe adjunto de la administración presidencial de Yanukovich, el líder prorruso que huyó a Rusia tras la violenta represión de las protestas proeuropeas de 2014, conocidas como la Revolución del Maidán.
Después de la caída de Yanukovich, Portnov también huyó, primero a Rusia y luego a Austria, regresando a Ucrania tras la elección presidencial de Volodímir Zelenski en 2019.
Medios ucranianos informaron que Portnov logró salir de Ucrania en junio de 2022, luego del inicio de la invasión rusa, a pesar de la prohibición impuesta a hombres de entre 18 y 60 años de salir del país, salvo excepciones.
Desde diciembre de 2021, Portnov estaba sancionado por Estados Unidos por corrupción.
El Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de tener “profundas conexiones” con el sistema judicial y los cuerpos de seguridad ucranianos a través del soborno.
Según Estados Unidos, Portnov usó su influencia para acceder y manipular decisiones judiciales, obstaculizando las reformas.
En 2019, se señala que intentó controlar el poder judicial, influir en la legislación, colocar funcionarios leales en cargos clave y comprar fallos judiciales.
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