El impacto del cambio climático en El Salvador: una crisis en desarrollo
Luz María Santos Ramos
Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Luterana Salvadoreña
En pleno 2025, El Salvador es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático en Centroamérica, aunque se han logrado -según lo afirma la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC)- avances importantes en los últimos dos años. En términos históricos, el país fue considerado, durante todo el siglo XX y las primeras dos décadas del XXI, como el segundo país más vulnerable de América Latina, sólo detrás de Haití. Ahora bien, la crisis climática actual, ha profundizado la aparición de fenómenos perniciosos, tales como: una sequía que no termina, precipitaciones eternamente torrenciales y lesivas, un clima predeciblemente caliente, y todos esos fenómenos han afectado sectores clave de la economía como la agricultura, el abastecimiento de agua potable y la seguridad alimentaria.
En las últimas cuatro décadas, los científicos han señalado los peligros del calentamiento global, han puesto mucho esfuerzo en dar a conocer el riesgo creciente y las medidas para hacerle frente. La idea que subyace a toda esta labor, ha sido que: aumentar el conocimiento sobre la crisis climática provocaría la reacción preventiva, tanto por parte de la ciudadanía como de los gobiernos. Sin embargo, la acción política ha sido poco intensa y a menudo ha estado marcada por la inacción, e incluso el retroceso, en varios países de la región, a pesar de que ha pasado ya casi medio siglo de la primera señal de alerte emitida por los científicos conocedores del tema.
El país, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha sufrido pérdidas económicas importantes a causa de la variabilidad climática, lo cual afecta directamente la calidad de vida de la población, tanto en lo urbano como en lo rural. Uno de los sectores más afectados ha sido la agricultura, y en particular la producción de café, un cultivo que todavía desempeña un papel importante en la economía de El Salvador. La deforestación, los cambios en los patrones de lluvias y la diversificación de las plagas han reducido la productividad. Cabe destacar, además, que la subsidencia ha reducido literalmente el suelo en algunas áreas, obligando a muchos agricultores a abandonar sus tierras, o cambiar a cultivos con raíces menos profundas. A la par, el cambio en el régimen de lluvias por el fenómeno de “La Niña”, ha resultado en inclemencias cortas, pero intensas, con sequías seguidas de tormentas de intensa lluvia que desencadenan inundaciones y deslizamientos de ladera, lo que en muchas ocasiones implica el aislamiento de comunidades enteras. Otro desafío derivado es el acceso al agua. La contaminación y la administración descuidada y desigual de los suministros de agua, producto de décadas de abandono, han disminuido la cantidad y calidad de agua potable.
En ese sentido, el futuro de El Salvador depende de la inmediata acción climática como parte de las políticas públicas. Se necesita más inversión en infraestructura resistente, educación medioambiental, obras de mitigación sostenibles, y políticas públicas que pongan la adaptación al cambio climático en primer lugar, siempre de la mano de las comunidades. No es responsabilidad exclusiva del gobierno luchar contra esta crisis, pues esa debe ser una lucha de todos los miembros de la sociedad, en función de actuar para asegurar un país vivible para las futuras generaciones. Es fundamental, además, que como ciudadanos implementemos hábitos sostenibles, tales como: la disminución del consumo de plásticos, el reciclaje, el uso eficiente del agua y la energía, así como también la reforestación y la conservación de fuentes hídricas, como el río Lempa. Se debe fortalecer la educación ambiental desde las escuelas y comunidades, con la finalidad de generar conciencia de la problemática de la crisis climática y la necesidad de la acción colectiva, y en ello los trabajadores sociales son profesionales estratégicos. Siendo así, se debe crear una red de acción comunidades-gobierno que trabajen en la formulación de políticas públicas que protejan los ecosistemas desde la participación ciudadana, que se regulen las emisiones contaminantes y se promuevan las energías renovables.
La agricultura sostenible y la diversificación de cultivos, por ejemplo, incrementan la resiliencia del sector agrario y su capacidad para garantizar la seguridad alimentaria en épocas de eventos climáticos extremos. La organización comunitaria, también es importante para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación y fortalecer el sistema de respuesta ante desastres. Solo a partir de la voluntad de las personas, el gobierno y las organizaciones, podremos avanzar hacia un país más resiliente y sostenible.
Aportar al cambio climático requiere un compromiso colectivo, donde la sociedad, las instituciones y el gobierno, trabajen juntos para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.
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