René Martínez Pineda
Sociólogo, UES-ULS
Si los números fríos del problema más caliente de los salvadoreños (delincuencia), y si la información cualitativa proporcionada por ellos sobre su percepción de la situación (la motivación social como instrumento del cambio y gobernabilidad desde el territorio) siguen comportándose de la misma forma, en febrero de 2024 Nayib Bukele será elegido abrumadoramente para una segunda gestión, porque -tal como lo afirmé en diciembre de 2022, en Canal 10- se tratará de la elección para una segunda gestión, no de una reelección, y la clave constitucional para ello -la puerta que siempre estuvo ahí para usarla cuando la correlación de fuerzas lo permitiera y cuando un presidente mantuviera la aceptación mayoritaria luego de cinco años- radica en la palabra “candidato”. En ese sentido, la cuestión electoral presidencial está prácticamente decidida -eso lo sabe la oposición y de ahí su berrinche angustiado- y sólo falta hacer el escrutinio del vaticinio. 2023 no es un año pre-electoral, es un año motivacional para la consolidación del liderazgo de Nayib, lo cual tiene que ver con evidenciar aún más compromiso con los intereses populares (resolviendo las causas de los problemas, luego de resolverlos como tales) para que se siga traduciendo en una mayor confianza de parte del pueblo, ese pueblo que es menospreciado por la oposición al etiquetarlo como “ignorante”, olvidando que fue ese pueblo el que en los años anteriores les dio triunfos electorales.
Considerando el comportamiento ciudadano de las últimas elecciones (2019 y 2021) se puede anticipar que en 2024 la segunda gestión será respaldada, al menos, por el 85% de los votantes, lo cual se dice fácil, pero que sería un hecho histórico y sociológico sin precedentes (nacionales y locales), de la misma forma en que no tenía precedente un triunfo político tan devastador en la guerra de posiciones que inició en 2019 cuando Nayib gana la presidencia contra todos los obstáculos habidos y por haber (a los que se suma el “gobierno paralelo” que la oposición le impuso en su primer año y medio a través de la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa), o sea cuando gana la “posición” del Poder Ejecutivo y, en las elecciones de 2021, gana la “posición” del Poder Legislativo, y, como triunfo deducible, gana la “posición” del Poder Judicial. Ese triunfo fulminante en las tres posiciones -que puso en modo extinción a los partidos políticos tradicionales- fue lo que hizo posible obtener el triunfo más importante de la guerra de posiciones: el territorio, es decir la “posición” de la gobernabilidad en y desde el territorio del pueblo, la cual no fue prevista por Gramsci, pero que es fundamental para construir una nueva hegemonía participativa.
Ahora bien, el escrutinio del vaticinio -esa hora anunciada que debe anunciar la continuidad de lo hecho hasta el momento para que los cambios se consoliden como transformaciones- demanda que en febrero de 2024 la población salga a votar de forma masiva, y que sepa, sin ninguna duda, que el triunfo presidencial sólo es bueno si va acompañado del triunfo legislativo en los mismos números que en 2021. Como síntesis, considero que, por un lado, la oposición sabe que se acerca el escrutinio del vaticinio, y lo único que le queda por pelear es la Asamblea Legislativa (para revertir los cambios en materia de seguridad consumando, así, la que sería “la segunda gran traición al pueblo”), para lo cual tratarán de juntar votos desde los partidos pequeños que se seguirán definiendo como distintos entre sí (para no perder votos duros), pero que abanderarán un frente común cuya arma principal será la guerra sucia y la desinformación. Por otro lado, no hay que perder de vista que la oposición (cuyos liderazgos son los verdaderos ignorantes o los verdaderos perversos, y en el peor de los casos ambas cosas) aún tiene en sus manos una posición estratégica: el Tribunal Supremo Electoral, trinchera desde la cual tratarán de afectar los resultados afectando negativamente el proceso electoral. Como factores intervinientes, hay que considerar tanto al gobierno norteamericano (que no acepta la existencia de gobiernos soberanos) como a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que -fieles a su patético y oportunista papel de “administradores del dolor” y como “bancos de sangre”- tratarán de que Nayib Bukele no mantenga la actual correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y, con ello, los victimarios recuperarán sus privilegios (la resucitación de la guerra de pobres contra pobres a través de la delincuencia) al montar un gobierno alternativo desde el Poder Legislativo. Esto último es el gran peligro al que se va a enfrentar el pueblo salvadoreño en 2024, y sólo se puede superar con una votación masiva en la que el liderazgo de Nayib sea la insignia de la Asamblea Legislativa.
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