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Directora del ISSS denuncia que hospital de San Miguel se construyó con «acuerdo ilegal»

Inicialmente el proyecto se adjudicó por la cantidad de $59,532,503, pero a través de tres enmiendas se subieron los montos hasta $83,013,072, posteriormente los costos fueron aumentado con pagos de arbitrajes y otros rubros.

Una investigación interna realizada por las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha dejado al descubierto una serie de presuntos hechos de corrupción en el proyecto de construcción y equipamiento del Hospital Regional de San Miguel, que hasta la fecha ha ocasionado un perjuicio económico de $120 millones.

La directora del ISSS, Mónica Ayala Guerrero, ha advertido que un lesivo «acuerdo complementario», suscrito el 11 de septiembre de 2015, entre el entonces director del ISSS, Ricardo Cea, y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) allanó el camino para evadir los mecanismos de control legal y favorecer a través de licitaciones «amañadas» a la cuestionada empresa International Business and Trade LLC (IBT), vinculada al empresario dominicano José Ramón Brea, un contratista que, según un aviso interpuesto en la Fiscalía General por el Gobierno de El Salvador, ha sido investigado en al menos siete países por supuesto fraude, corrupción, extorsión e incumplimientos de proyectos.

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Según la directora del ISSS, a raíz del acuerdo marco ilegal, la UNOPS adquirió el control absoluto de la ejecución de la obra, además, con la adjudicación de la supervisión de la obra, se favoreció a la empresa Cal y Mayor y Asociados que, pese a un inadecuado proceso de supervisión, ahora exige el pago de más de $750,000.

Según el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, entre las arbitrariedades está que 29 empresas retiraron las bases de competencia de la licitación, pero curiosamente solo una presentó oferta y fue la que ganó: IBT Group.

En el aviso presentado en la Fiscalía se ha incorporado información en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que en esa cartera de Estado no hay documentación que confirme que el expresidente, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), haya delegado plenos poderes a Ricardo Cea para suscribir dicho acuerdo complementario, por lo que ese convenio es nulo, según Mónica Ayala Guerrero, directora del ISSS.

La funcionaria señaló que, al no delegarse poderes plenos, hubo una violación al artículo 168 de la Constitución de la República y el artículo 32 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.

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