Continúa patrullaje casa por casa en San Martín como parte del cerco de seguridad en San Bartolo
Operativo conjunto de la PNC y la Fuerza Armada busca desarticular a remanentes de pandillas; residentes colaboran sin temor y respaldan la estrategia de seguridad.
Con firmeza pero sin generar temor, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador continúan desarrollando patrullajes casa por casa en diversas zonas del distrito de San Martín, como parte del cerco de seguridad establecido en San Bartolo y sus alrededores.
La operación, que inició el pasado 21 de junio por instrucción del presidente Nayib Bukele, busca desarticular estructuras criminales remanentes en comunidades que durante años estuvieron bajo control de pandillas. En el despliegue participan 1,500 soldados y 500 policías, quienes realizan inspecciones domiciliares, verifican identidades y comprueban la legalidad de la ocupación de las viviendas.
Durante los registros, los agentes solicitan a los residentes el Documento Único de Identidad (DUI) y un recibo de servicios básicos, con el objetivo de asegurar que no existan órdenes de captura pendientes ni casos de usurpación. Además, se realizan inspecciones al interior de los hogares para descartar la presencia de objetos ilícitos o personas escondidas.
Vecinos de comunidades como Tierra Blanca, en San Salvador Este, aseguran que la presencia de las autoridades genera tranquilidad y contrasta con épocas anteriores, cuando la zona era dominada por grupos como la pandilla 18 Sureños. Algunos residentes afirman que ahora pueden abrir las puertas a los agentes sin temor ni nerviosismo, en lo que consideran una señal de recuperación de la paz.
Este operativo se suma a los esfuerzos del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, bajo los cuales el gobierno reporta más de 86,000 capturas de pandilleros y colaboradores. La estrategia ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios en el país, incluyendo los 156 días sin asesinatos registrados en lo que va de 2025.
Aunque la política de seguridad ha sido cuestionada por organismos internacionales en materia de derechos humanos, gran parte de la población muestra respaldo a las medidas, destacando los avances en seguridad y la recuperación de comunidades antes asediadas por el crimen organizado.
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