Condenan a 10 años de prisión a colaboradora de la Mara Salvatrucha por amenazas y agrupaciones ilícitas
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado comprobó su participación en extorsiones y traslado de droga para la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos.

El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador sentenció a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, señalada como colaboradora de la Mara Salvatrucha (MS-13), tras ser hallada culpable de los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
La investigación fiscal demostró que Martínez mantenía vínculos directos con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos, estructura a la que apoyó en diversas actividades criminales. Según el expediente judicial, la mujer se encargaba de trasladar droga y recolectar dinero producto de extorsiones que la pandilla exigía a comerciantes y otras víctimas.
El delito de amenazas que se le atribuye fue cometido contra una víctima con régimen de protección, a quien Martínez intimidó asegurándole que “la Mara Salvatrucha la asesinaría” si no cumplía con sus exigencias. La denunciante relató que la acusada llegó hasta su lugar de trabajo para amedrentarla, lo que motivó la apertura del proceso penal.
Las autoridades establecieron que Martínez comenzó a colaborar con la estructura desde 2025. Tras huir a Estados Unidos en 2016, fue deportada en 2022 por su relación con pandillas y otros hechos delictivos, lo que permitió su captura y enjuiciamiento en El Salvador.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó documentos, peritajes y testimonios que consolidaron la acusación, dejando “sin lugar a dudas” la comisión de los delitos. Por ello, el tribunal le impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas.
La sentencia no aplicó las reformas que elevan las penas por colaboración con pandillas a 20 y 30 años, debido a que los hechos juzgados ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022, fecha en que entraron en vigor los cambios legales.
Con este fallo, las autoridades reafirmaron su compromiso de perseguir y sancionar a quienes apoyan las estructuras criminales que por años afectaron la seguridad y tranquilidad de la población salvadoreña.
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