Tribunales condenan a dos pandilleros por extorsión agravada en Cuscatlán y San Salvador
Víctor Manuel Merchez García, miembro de la pandilla 18, recibió una pena de 16 años, mientras que Ángel Mauricio Hércules Melgar fue condenado a 10 años por extorsionar a un comerciante bajo amenazas.
El combate contra la criminalidad continúa dando resultados en los tribunales salvadoreños. En dos fallos recientes, los juzgados de Cojutepeque y San Salvador condenaron a miembros de pandillas por el delito de extorsión agravada, confirmando el avance de la justicia en casos que durante años afectaron a la población.
En el primer caso, el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque impuso una condena de 16 años de prisión a Víctor Manuel Merchez García, integrante de la pandilla 18, quien fue declarado culpable de haber extorsionado a una víctima entre agosto y diciembre de 2019.
De acuerdo con el Ministerio Público, Merchez García —quien actualmente tiene calidad de rebelde y una orden activa de captura— exigía pagos mensuales bajo amenazas en el cantón San Agustín, en las riberas del lago de Ilopango, jurisdicción de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.
En un caso separado, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de prisión a Ángel Mauricio Hércules Melgar, quien fue hallado culpable de extorsionar a un comerciante entre octubre de 2023 y marzo de 2024.
Según el testimonio de la víctima, el imputado se identificó como miembro de la Mara Salvatrucha (MS) y exigía un pago mensual a cambio de permitirle continuar con su actividad comercial y garantizar su seguridad y la de su familia. Por temor, la víctima accedió a entregar el dinero durante seis meses consecutivos.
Ambas sentencias forman parte de los esfuerzos del sistema judicial y las autoridades de seguridad por desarticular las estructuras criminales que operaron durante años bajo un modelo de terror y extorsión, especialmente en zonas históricamente afectadas por la presencia de pandillas.
Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar estos delitos de forma anónima, destacando que cada testimonio es clave para avanzar en los procesos judiciales y garantizar la protección de las víctimas.
