Por Oscar Martínez Peñate
Politólogo y Dr. en Ciencias Sociales
Antes de abordar este apartado, es necesario brindar una definición sobre qué es un movimiento social y para los fines del presente artículo se entiende que: “Un movimiento social es una colectividad excluida que mantiene una interacción sostenida con las elites económicas y políticas en busca del cambio social” (Tarrow, 2011, como se citó en Almeida, 2020, p. 25). Esta definición está muy acorde a los movimientos sociales que han existido en el país, los cuales han sido conformados por personas que se unieron para alcanzar un objetivo común.
En El Salvador, los movimientos sociales durante las décadas de los 60, 70 y 80 jugaron un papel determinante. En los 60, hubo grandes movimientos sindicales y gremiales que lucharon por la reivindicación, sobre todo económica, estos movimientos pertenecían al sector obrero del acero, magisterial, textiles y otros como la “Unión de Trabajadores Ferrocarrileros”, el “Sindicato de Bebidas Gaseosas, Cerveza, Hielo y Agua Potable” y “Sindicato El Dorado” (Larín, 1971, pt. 7). Durante la década de los 80, los movimientos sociales entraron en auge y adquirieron mayor fuerza porque pasaron de los planteamientos economicistas, al circunscribirse a la reivindicación salarial y fueron más allá, al convertirse en organizaciones político-militares que proponían un cambio de sistema político y de modelo económico.
En la década del 70, el sistema político fue una dictadura militar bajo el mando del coronel Arturo Armando Molina (1972 – 1977) y del general Carlos Humberto Romero (1977 – 1979) con un modelo económico fundamentalmente agrario basado en la exportación de café, del cual se obtuvieron grandes ganancias, al punto que el café en El Salvador era considerado como el petróleo verde. Bajo este modelo, ingresaron en concepto de exportación enormes sumas de dólares para los terratenientes de la época, esta élite agraria procesaba el café en los beneficios de su propiedad y ellos lo exportaban. Aunque estos terratenientes generaban empleo, ofrecían salarios paupérrimos que no alcanzaban para la canasta básica, factor que les permitió ser una oligarquía muy poderosa a nivel económico y político; de igual manera, crearon una ciudadanía realmente pobre, al grado que, en aquel entonces, apenas se podía identificar una endeble clase media.
A finales de la década de los 60, y principalmente en los 70 fue cuando surgieron las primeras organizaciones guerrilleras producto de los movimientos sociales constituidos por campesinos, obreros, docentes y estudiantes cuyos dirigentes en un principio eran de clase media y pequeña burguesía. Estos movimientos buscaban reivindicar sus derechos y eliminar los diferentes tipos de exclusión que sufrían. Entre las primeras organizaciones guerrilleras (L. González, 1997, párr. 14) se encontraron las siguientes: 1970. Fuerzas Populares de Liberación -FPL-; 1972. Ejército Revolucionario del Pueblo -ERP-; 1975. Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional -FARN-; 1975. Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos -PRTC-; 1980. Fuerzas Armadas de Liberación -FAL-PCS-.
Tres de las organizaciones guerrilleras anteriores (FPL, ERP Y PRTC) pasaron a fusionarse con la Resistencia Nacional -RN- y el Partido Comunista Salvadoreño -PCS- para constituir al FMLN. Así comenzó el Conflicto Armado en 1980, para lograr que hubiera democracia y los trabajadores recibieran salarios dignos; sin embargo, este conflicto se complicó al convertirse en una guerra de periferia con la participación política, diplomática y militar de los dos grandes polos confrontativos de la Guerra Fría, Estados Unidos -EE.UU.- y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS-. Esta última super potencia participó a través de Vietnam, Cuba y Nicaragua para el envío de armas a la guerrilla salvadoreña; asimismo, Estados Unidos proporcionaba armamento militar y un millón de dólares diarios a la fuerza armada para mantener esta guerra.
En el conflicto, también, participó la Europa del Oeste por medio de organizaciones internacionales como la Internacional Socialista que colaboró diplomática y financieramente con el movimiento político de oposición en El Salvador a través del Partido Movimiento Nacional Revolucionario -MNR-. Dentro de dicho movimiento, no solo estaba la sociedad civil, sino que, las comunidades eclesiales de base, que eran organizaciones de laicos y católicos quienes también participaron. Conforme el Conflicto Armado iba desarrollándose, el movimiento social salvadoreño iba siendo absorbido por la guerrilla debido a que sus dirigentes se involucraron directamente en la guerra, e hicieron lo mismo sus bases sociales, de tal forma, que se volvieron parte de la organización militar y política de la guerrilla.
Después de los Acuerdos de Paz, el movimiento social se encontraba prácticamente diezmado y no lograba articularse por la carencia de liderazgos, se estaba dando una descomposición de las estructuras; no obstante, durante la década del 90, dicho movimiento logró organizarse nuevamente y tuvo su máxima expresión cuando el partido ARENA intentó privatizar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social -ISSS-. Para impedir esta privatización el movimiento social organizó dos huelgas prolongadas de septiembre de 1999 a principios de marzo del 2000, y de septiembre de 2002 a febrero de 2003, durante estas huelgas los trabajadores y médicos del ISSS por medio de manifestaciones expresaron su rechazo ante esa medida (Pirker, K., 2004 como se citó en Villacorta Zuluaga, 2011, p. 426).
Gracias a dicho movimiento el ISSS no fue privatizado, pero sí otras instituciones del Estado, para ejemplificar, durante el gobierno de Armando Calderón Sol (1994 – 1999) pasó a manos privadas las telecomunicaciones, los ingenios de procesamiento de azúcar, el sistema de trámites de tránsito y el sistema de pensiones (Villacorta Zuluaga, 2011, p. 418) otras empresas dentro del sector agrícola habían sido privatizadas durante el primer gobierno de ARENA (1989 – 1994), de Alfredo Cristiani. Ante estas privatizaciones el movimiento social se encontraba endeble y no pudo reaccionar en contra de las acciones del gobierno de ARENA que estaba actuando bajo el modelo económico del neoliberalismo.
A medida que los gobiernos de ARENA continuaban en el poder, el movimiento social volvió a articularse y se hizo visible, primordialmente en las marchas de cada primero de mayo, día en que se celebra el día del trabajador; sin embargo, sus esfuerzos no fueron lo suficientemente fuertes para detener el estado de deterioro en que se encontraban los servicios básicos, la educación, la salud y la vivienda en el país; realmente fue un movimiento social débil que no pudo oponerse de forma contundente a las medidas neoliberales como se hubiera pretendido al tener una mejor organización y un mejor liderazgo. Cuando el FMLN alcanzó el poder en 2009, el movimiento social pensó que por ser un partido de izquierda ellos podrían retomar sus banderas y continuar con su lucha histórica, pero no fue así, porque varios de los dirigentes de este movimiento eran miembros del FMLN, por ende, no era posible ejecutar un movimiento contestatario cuando se está en complicidad con el gobierno.
De este modo, el FMLN logró permear por medio de la corrupción al movimiento social dándoles prebendas, privilegios plazas en la administración pública. Así el FMLN se aseguró de sobornar a los líderes sociales y a sus familias poniéndolas como funcionarios y empleados en las distintas instituciones del Estado, aunque, estas personas no contaran con las capacidades necesarias para desempeñar el cargo; en este contexto lo único que valía era su orientación política. Comprar a los dirigentes sindicales también era el boleto de partida para que estos no reaccionaran y así poder cooptar al movimiento social.
Con la llegada al poder del actual gobierno de Nuevas Ideas surgió algo realmente significativo, ya que las banderas históricas que habían enarbolado el movimiento social desde la década de los 60, 70, 80, 90 y 2000 fueron retomadas por el partido Nuevas Ideas demostrando que su lucha no era contra ellos, sino que, contra el crimen organizado que tenía diezmada y atemorizada a la ciudadanía salvadoreña. Igualmente, demostró que sus intenciones eran mejorar significativamente el sistema de salud, educación y otros.
