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Sector privado renuncia a comité supervisor de Fondo de Emergencia tras rechazar someterse a revisión patrimonial

La tarde de este lunes trascendió que los representantes de las cinco instituciones de la sociedad civil de el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica para el manejo de los $2,000 millones destinados a atender la pandemia de COVID19, es decir, Agustín Martínez, de la ANEP; José Ángel Quirós por FUSADES; Omar Serrano, por la UCA, y René Alberto Raúl Vásquez Garay, por la ESEN, presentaron su renuncia por no existir condiciones necesarias para que pudieran cumplir con sus responsabilidades.

En la carta de renuncia, se alega que existen diferencias a la acordado con lo que se pretendía asignar un destino específico a los fondos autorizados en el decreto originalmente aprobado.

“Esta reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno Central, aunada a los inconvenientes del decreto original descritos antes, dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser, pues se le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso”, detalla la carta.

Por su parte, el Gobierno del presidente Nayib Bukele, reaccionó a la renuncia de los miembros a través de un comunicado en el que aclara las circunstancias por las cuales los representantes del sector privado habrían renunciado.

Según el Ejecutivo esta acción se debe tras rechazar “ser sujetos a declaración patrimonial”.

“Los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia aprobada con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, pero habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes. Como parte de una instancia, que tendrá a cargo la administración de fondos públicos, todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal”, enfatiza el comunicado.

Ademas detalló que otra de las razones por las cuales los miembros habrían presentado su renuncia es porque esta vez todo sería distinto en relación de como se daban este tipo de participaciones de la sociedad civil en gobiernos anteriores, es decir, ya no podrían hacer negocios con el Estado.

«A los miembros del sector privado y la academia, también se les informó que mientras durara la emergencia y el fondo estuviese activo, ninguno de ellos podía contratar con el Estado», reza el comunicado.

El Gobierno ha detallado que fueron claros en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoria de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno.

Sin embargo, el presidente Bukele recalcó que a pesar de su renuncia al Comité, siguen estando obligados a presentar la declaración ante la sección de Probidad.

«Lo único que no calcularon, es que aunque renuncien, fueron funcionarios públicos desde que asumieron, hasta el día de hoy (aunque solo hayan sido unos días). Así que siempre tendrán que presentar su declaración de probidad.»

Nayib Bukele, presidente de la República

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