Publicar contenido que dañe el honor y la intimidad en redes sociales puede tener consecuencias penales

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación de gran alcance, pero también en un espacio donde la difusión de información falsa o no comprobada puede generar serias consecuencias legales para quienes crean, administran o comparten este tipo de publicaciones.

En El Salvador, el Decreto Legislativo N.º 260, que contiene la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos establece sanciones para diversas conductas que atenten contra la intimidad, la imagen, los datos personales y la identidad de las personas mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La normativa tiene como finalidad proteger a las personas naturales y jurídicas frente a delitos cometidos en entornos digitales.

Entre las disposiciones de la ley se encuentra el artículo 22 establece sanciones para quien suplante o se apodere de la identidad de una persona natural o jurídica mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Si esa conducta se utiliza para dañar, extorsionar, defraudar, injuriar o amenazar a otra persona con el propósito de ocasionarle un perjuicio u obtener un beneficio para sí o para terceros, la pena puede alcanzar hasta diez años de prisión. Así mismo el artículo 26, el cual sanciona la revelación, difusión o cesión de información privada o de carácter personal sin el consentimiento de su titular. Dependiendo de las circunstancias en que se cometa el hecho, las penas pueden ir de tres a ocho años de prisión, e incluso agravarse cuando la divulgación recaiga sobre datos personales confidenciales o sensibles.

Uno de los casos más conocidos relacionados con la aplicación de estas normativa es el del extuitero Luis Alexander Rivas, conocido como “El Comisionado” quien enfrenta un proceso judicial por los delitos de revelación indebida de datos o información de carácter personal, agrupaciones ilícitas y desacato en perjuicio de la administración pública. De acuerdo con la acusación fiscal, fue capturado el 21 de agosto de 2022 tras publicar en redes sociales fotografías de Karim Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, mientras se encontraba en una playa junto a miembros de su familia y con un dispositivo de seguridad, hechos que las autoridades consideraron constitutivos de delito. Actualmente, Rivas Samayoa continúa privado de libertad mientras enfrenta los procesos judiciales en su contra.

A este proceso se suma otra condena emitida el 18 de diciembre de 2023, cuando Rivas Samayoa fue declarado culpable del delito de violencia contra la mujer en perjuicio de cuatro diputadas del partido Nuevas Ideas. Según informó la Fiscalía General de la República, el imputado publicó expresiones de carácter misógino y denigrante dirigidas contra las legisladoras, con el propósito de afectar su imagen como funcionarias públicas.

Estos casos reflejan que el uso de las redes sociales no exime a los usuarios de responsabilidad legal. Las autoridades salvadoreñas han reiterado que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad y dentro del marco de la ley, especialmente cuando se trata de la difusión de información personal, publicaciones que puedan vulnerar derechos de terceros o contenidos que constituyan delitos contemplados en la legislación vigente.