Procesan de forma grupal a 65 pandilleros de la MS por asesinato de cuatro soldados
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador continúa el juicio contra miembros de la estructura acusados de múltiples crímenes cometidos entre 2008 y 2018.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolla un proceso penal en contra de 65 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan juicio por el asesinato de cuatro soldados ocurrido en 2016, en la colonia Vista al Lago, del distrito de Ilopango, en San Salvador Este.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los militares fueron privados de libertad, ejecutados y enterrados en fosas clandestinas por miembros de la estructura criminal que operaba en la zona. La acusación forma parte de un expediente más amplio que incluye múltiples crímenes cometidos entre 2008 y 2018, bajo la dirección de líderes y colaboradores de la pandilla.
Por este mismo caso, dos pandilleros ya fueron sentenciados a 269 y 325 años de prisión, respectivamente, por su participación directa en los homicidios y otros delitos relacionados con la estructura.
La FGR destacó que estos procesos masivos forman parte de una estrategia judicial de agrupamiento, que busca garantizar mayor eficiencia en el combate al crimen organizado, permitiendo enjuiciar de forma simultánea a grandes bloques de pandilleros pertenecientes a una misma estructura delictiva.
En agosto de 2024, la institución presentó ante los tribunales contra el crimen organizado de Santa Ana tres solicitudes de agrupamiento contra 2,074 miembros de la MS que operaban en la zona occidental del país.
Asimismo, durante ese mismo año se presentaron siete solicitudes adicionales de agrupamiento contra 6,086 pandilleros de la MS y del Barrio 18, entre los cuales se incluyen corredores de clica, palabreros, encargados de cancha, “homeboys”, chequeos, paros y colaboradores, quienes enfrentan cargos por delitos de homicidio, extorsión, tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas.
Estas acciones, según la FGR, responden a la necesidad de desarticular de manera integral las estructuras criminales, evitando que sus integrantes evadan la justicia o continúen delinquiendo desde los centros penales.







