Presidente Nayib Bukele rompe el ciclo de impunidad y coloca al pueblo en el centro de los derechos humanos
Durante décadas, El Salvador vivió profundas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado, especialmente durante las dictaduras militares y el conflicto armado interno. Posteriormente, en la posguerra, se consolidó un modelo de impunidad en el que gobiernos de derecha e izquierda permitieron abusos sistemáticos, corrupción institucional y el uso político del discurso de derechos humanos sin una verdadera protección para la población.
De acuerdo con el análisis del ex Coordinador General de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental de El Salvador (CDHES), José Mario Ramírez, conocido también como Jacobo Quiteño, el país nunca contó con una ley integral de derechos humanos ni con tribunales especializados, lo que dejó a los salvadoreños en estado de indefensión durante décadas.
Este ciclo comenzó a romperse en 2019 con la llegada del presidente Nayib Bukele, quien recibió un país controlado por el crimen organizado, con instituciones corrompidas y catalogado como uno de los más inseguros del mundo. Frente a ese escenario, el nuevo gobierno priorizó el derecho humano fundamental: el derecho a la vida y a la libertad de la mayoría de ciudadanos honestos.Según Ramírez, el Estado salvadoreño, bajo la actual administración, ha recuperado su función constitucional de proteger a la población, impulsando reformas legales, fortaleciendo el sistema de justicia y enfrentando de manera directa a las estructuras criminales que por años operaron con total impunidad.
Como resultado, el 99 % de la población ha sido liberada del control del terror, mientras que el 1 % vinculado a estructuras criminales ha sido procesado conforme a la ley.Paralelamente, el gobierno inició procesos de investigación y auditoría contra una red de organizaciones no gubernamentales que operaban bajo la fachada de defensa de derechos humanos, pero que —según lo documentado— desviaban fondos públicos e internacionales y actuaban como plataformas políticas al servicio de intereses partidarios y agendas extranjeras. Muchas de estas estructuras quedaron expuestas y sus dirigentes enfrentaron procesos judiciales o abandonaron el país.El análisis de Ramírez subraya que, a diferencia del pasado, el enfoque actual de derechos humanos prioriza a la población y no a los criminales, rompiendo con una narrativa que durante años protegió a estructuras violentas mientras el pueblo vivía bajo el miedo.
Aunque persiste una deuda del Órgano Legislativo en la creación de una Ley Integral de Derechos Humanos y tribunales especializados, el periodo 2019–2025 marca, según el ex defensor, la construcción de un nuevo Estado de derecho, en el que la seguridad, la legalidad y la dignidad de los salvadoreños vuelven a ser el eje central de la acción gubernamental.
Fuente: José Mario Ramírez (Jacobo Quiteño),Ex Coordinador General de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental de El Salvador (CDHES), 1980–1984.
