Ocho delincuentes enfrentan extradición desde El Salvador por crímenes graves en cinco países
Acusados de feminicidio, abuso infantil, violencia sexual y homicidio, los extraditables fueron requeridos por Guatemala, Israel, Rusia, Estados Unidos y España.
En lo que va del año, al menos ocho personas —entre salvadoreños y extranjeros— han enfrentado procesos de extradición en El Salvador, luego de ser reclamados por las autoridades de cinco países por delitos graves que incluyen feminicidio, abuso sexual de menores, violencia contra la mujer, homicidio y robo agravado.
Los registros oficiales de la Fiscalía General de la República detallan que, entre el 24 de enero y el 19 de junio de 2025, se han procesado casos de extradición hacia Guatemala, Israel, Rusia, Estados Unidos y España, como parte de la cooperación judicial internacional en materia penal.
Uno de los casos más notorios es el de Julio Enrique Amaya Turcios, un ciudadano salvadoreño que fue entregado a las autoridades guatemaltecas. Amaya es acusado de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer tras haber asesinado a su pareja de un disparo en 2014. Luego del crimen, huyó a El Salvador, donde fue detenido el 5 de febrero de este año en el departamento de Usulután.
Otro caso que ha llamado la atención es el del ciudadano israelí Eluzur Rumpler, requerido por la Corte del distrito de Jerusalén por delitos cometidos entre 2009 y 2011. Según la acusación, Rumpler maltrató a estudiantes en el centro educativo que dirigía, obligándolos a desnudarse mientras eran golpeados. Fue capturado en diciembre de 2024 en Ahuachapán y posteriormente entregado a las autoridades de Israel.
Fuentes fiscales han indicado que el resto de los extraditables enfrenta acusaciones similares por delitos cometidos en sus países de origen, y que las capturas se han llevado a cabo gracias a mecanismos de cooperación como las alertas rojas de Interpol, convenios bilaterales y tratados internacionales suscritos por El Salvador.
La Fiscalía ha reiterado que continuará apoyando los procesos de extradición como parte de su compromiso con la justicia internacional, y que no permitirá que el país sea refugio de personas acusadas de cometer crímenes graves.
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