Las masacres olvidadas: El silencio de los defensores de DD. HH. ante el terror de las pandillas
Casos como la quema del microbús en Mejicanos y la masacre de Opico exponen la ausencia de pronunciamientos internacionales a favor de las víctimas civiles antes de 2019.
La historia reciente de El Salvador está marcada por cicatrices que durante décadas fueron ignoradas por la comunidad internacional. Masacres brutales, como la ocurrida el 20 de junio de 2010 en Mejicanos, donde 17 personas murieron carbonizadas dentro de un microbús de la ruta 47, o el asesinato a machetazos de 11 trabajadores en San Juan Opico en 2016, representan el rostro más cruel de las pandillas. A pesar de la barbarie de estos hechos, el actual Gobierno señala un silencio cómplice por parte de organizaciones de derechos humanos que, en aquel entonces, no emitieron condenas ni exigieron justicia con la misma vehemencia con la que hoy critican las medidas de seguridad del Estado.
El contraste estadístico es abismal: en 2015, bajo administraciones anteriores, la tasa de homicidios alcanzó los 106.3 por cada 100,000 habitantes, convirtiendo al país en uno de los más peligrosos del mundo. Sin embargo, para 2025, tras la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, la cifra se desplomó a un récord histórico de 1.3 homicidios, logrando más de 1,170 días sin muertes violentas. Este giro radical ha sido defendido por el presidente Nayib Bukele, quien cuestiona por qué los organismos internacionales parecen priorizar los derechos procesales de los victimarios sobre el derecho a la vida de la «gente honrada».
La polémica se intensificó recientemente tras declaraciones de figuras vinculadas a oenegés como Cristosal, quienes calificaron a las pandillas como un «fenómeno social» del cual dependían económicamente muchas familias. Estas posturas han generado indignación en sectores de la sociedad civil y el Legislativo, donde se señala que tal mentalidad impidió un combate frontal al crimen en el pasado. Mientras el Grupo Internacional de Expertos (Gipes) solicita la liberación de detenidos, el país recuerda casos desgarradores como el de la familia del preparador físico Omar Pimentel, masacrada en 2019, o el de cuatro soldados torturados y enterrados en fosas clandestinas en Vista al Lago tras tomar un autobús equivocado.
Finalmente, el Gobierno reafirma que la prioridad absoluta es la seguridad de los ciudadanos que durante años vivieron bajo el asedio de la extorsión y el asesinato. Con más de 91,000 pandilleros capturados, el Estado salvadoreño sostiene que la recuperación del territorio es innegociable. «Quieren ver caos en nuestros países», reaccionó el mandatario ante las presiones externas, asegurando que las organizaciones que hoy critican el modelo salvadoreño funcionan como «bufetes legales internacionales del crimen», borrando de su discurso el dolor de las miles de familias víctimas de la violencia terrorista.
