René Martínez Pineda (@ReneMartinezPi1)
Sociólogo y Escritor (UES-ULS)
Ahora bien, para gestar la hegemonía de la criminalidad, y gestionar la investidura de los delincuentes como gendarmes del territorio, fue vital que, voluntariamente, el Estado les cediera, a los grupos delictivos, el control del espacio social más habitado, para que éstos lo segmentaran y pintaran a su antojo, y eso fue como descentralizar la soberanía nacional y pervertir, o subyugar, el desarrollo local, lo que produjo una atomización irrelevante de la inversión pública, lo que se tradujo en un impacto municipal exiguo. Descentralizar la soberanía y hacer de los grupos delictivos “cuerpos parapoliciales”, de facto, no fue una decisión impuesta desde afuera a los gobiernos de turno, fue una entramada y larga conspiración política-gubernamental hecha, de muy buena gana, por todos los partidos políticos, con lo cual se cae la tesis de que, en esos años, se tenía un “Estado fallido”, pues no se trató de que el Estado haya “fallado” en cumplir sus funciones clásicas, ya que éste se las cedió, de forma deliberada, a las pandillas, montando un Estado Delincuencial que funcionó como “el otro Estado”.
En ese contexto, la victimización de quien ya era una víctima, usando a destajo la narrativa del victimario, abrió los intersticios suficientes en la institucionalidad del Estado para que, tanto los pregoneros como los testaferros del crimen, hablaran impunemente de que las pandillas eran socialmente necesarias para “llenar” los huecos que el Estado no había podido llenar, con lo que las fronteras invisibles, trazadas entre las dos principales pandillas, se estabilizaron y fueron respetadas, por propios y extraños (incluidos los funcionarios del Estado), propiciando sentimientos autodestructivos en torno a su no-identidad social (quienes tenían identidad eran los pandilleros, cuya presencia fue normalizada), pues ésta ya no estuvo referida a los patrones culturales de la nación, sino a la pertenencia -voluntaria o no; directa o indirecta- a una de las dos pandillas, con lo que la noción de la víctima, sobre sí misma, adquirió un carácter nebuloso y, de la noche a la mañana, el referente simbólico de las relaciones sociales fue el uso de la violencia y la amenaza, en una cotidianidad de antagonismos que aquella debía resolver para poder sobrevivir: pasar de vivir con la delincuencia, a vivir de la delincuencia.
Sin embargo, la criminalidad narrativa que ponía en un lado invisible a la víctima, empezó a ser derrotada, en 2019, con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, quien inauguró la narrativa y defensa de los derechos humanos de las víctimas, lo que se convirtió en un referente inmediato de la seguridad pública a nivel mundial. Y es que, con Nayib, la víctima asume la centralidad del relato social y, con ello, se empieza a construir su hegemonía particular, en tanto significante pletórico de lo social, dejando de ser el sufriente predestinado o adscrito. En otras palabras, la narrativa de la víctima fue el alegato incuestionable para hacer justicia y resolver, por fin, la ecuación “crimen y castigo”, para que el clamor popular no estuviera cargado de lamentos estériles, sino de demandas oídas y, sobre esa base, se articuló: una nueva forma de hacer política; una participación ciudadana activa; y la táctica de conquistar la aprobación popular sustentada en la nueva verdad pragmática: la de la víctima.
El único peligro en torno a lo anterior, es caer por instinto en el populismo punitivo, y eso se evita con una normativa jurídica que garantice “el debido proceso”, para la víctima, primero, y para el victimario, después. En ese sentido, la normativa jurídica restaurada será inmune al viejo oportunismo político (mismo tipo de oportunismo que se congració con los victimarios, y hasta les ofrece un ingreso para no delinquir, lo que es igual a “rentear” al Estado); y, además, no tendrá como argumento un discurso de odio que lleve a presentar falsas denuncias.
En ese contexto de la narrativa de las víctimas, el comportamiento colectivo, sin ser una simple sumatoria del comportamiento individual, asume un perfil activo y comprometido con la seguridad ciudadana, para garantizar la seguridad desde el territorio, la que es complementada (de ser necesario en momentos específicos) con la seguridad en el territorio que es propia de los cuerpos de seguridad. Siendo así, la paradoja que le pone fin a la paradoja de ser una víctima victimizada, es que, para dejar de ser lo que tanto odia o le daña, debe convertirse en su antítesis, es decir que: sólo se puede dejar de ser víctima, siendo un victimario coyuntural.
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