El empresario de transporte, Catalino Miranda, seguirá en prisión por el delito de desórdenes públicos, según la resolución emitida por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado que al finalizar la diligencia el transportista quedara en detención provisional por lo que la jueza accedió a mandarlo a la cárcel por desórdenes públicos, por resistencia solo pasa a la segunda fase del proceso.
«Los elementos que el ministerio público fiscal ha recolectado son elementos que corroboran la participación directa del imputado» dijo el fiscal del caso.
Este viernes también enfrentaron la audiencia inicial los tres motoristas. A Jermel Ernilzon Castro Sorto, acusado por posesión y tenencia ilícita de placas de circulación, la jueza ordenó que siga en detención ya que la pena del delito es de 1 a 4 años.
Mientras que Rommel Iván Aquino Barrera y José Félix Hernández Castillo, procesados por venta a precio superior, se les aplicó la suspensión condicional del procedimiento y normas de conducta consistentes en no cambiar de domicilio y conservar un empleo durante año y medio.
En la acusación el ministerio público dice que dos de los conductores estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pero el Viceministerio de Transporte (VMT) les ha avalado $0.20.
