Jueza avala que cabecilla de la MS tuviera más de $25,000 en prisión guatemalteca
El reo Jorge Yair L., alias «El Diabólico», alegó que el dinero provenía de “negocios” dentro del penal. El Ministerio Público anunció que apelará la decisión judicial.
El hallazgo de más de 193,000 quetzales equivalentes a más de $25,000 en poder de un cabecilla de la Mara Salvatrucha dentro de una prisión guatemalteca ha generado controversia, luego de que una jueza desestimara los cargos presentados por la Fiscalía y validara la posesión del dinero.
El implicado, identificado como Jorge Yair L., alias «El Diabólico», cumple condena en la Cárcel de Máxima Seguridad Renovación I, en Guatemala. La suma en efectivo fue localizada durante una requisa realizada el pasado 5 de agosto por autoridades policiales y del Sistema Penitenciario.
Según reportes de medios locales, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, presentó cargos ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Escuintla. Sin embargo, la jueza del tribunal desestimó los señalamientos.
La decisión se basó en un informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el cual respaldaba la versión del reo, quien aseguró que el dinero era producto de supuestos “negocios rentables” que operaba dentro de la cárcel. El mismo informe indica que la DGSP no solo conocía la existencia del efectivo, sino que también autorizó su traslado en maletines desde el penal Pavoncito hasta Renovación I.
Ante esto, el Ministerio Público emitió un comunicado el 14 de octubre en el que expresó su desacuerdo con el fallo judicial, anunciando que apelará la resolución. La institución sostuvo que la autorización para mover el dinero no elimina la sospecha de que se trate de capital ilícito.
“La autorización de la DGSP para trasladar dinero de dudosa procedencia no exime la posible comisión de un ilícito, ni legitima la tenencia de capitales no justificados, especialmente dentro de un centro de privación de libertad”, advirtió el Ministerio Público.
El caso ha despertado cuestionamientos sobre el nivel de control institucional dentro del sistema penitenciario y el aparente manejo económico que algunos reos logran establecer desde prisión.
