Juez prorroga seis meses la investigación contra Eugenio Chicas por presunto enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el tiempo adicional para concluir análisis financieros; la fase de instrucción se extenderá hasta julio de 2026
El proceso penal contra el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, ha tomado un nuevo giro judicial. El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador autorizó una prórroga de seis meses adicionales para la etapa de investigación, atendiendo una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). Según el Ministerio Público, este tiempo es indispensable para finalizar análisis patrimoniales y financieros complejos que buscan robustecer la acusación contra el exfuncionario del partido FMLN.
Esta es la segunda ocasión en que la sede judicial amplía el plazo de instrucción y mantiene la detención provisional del imputado. Con esta resolución, el calendario judicial establece que la recolección de pruebas de cargo y descargo continuará vigente hasta julio de 2026, fecha en la que se determinará si el caso avanza a la etapa de juicio. Por su parte, la defensa técnica del exmagistrado ha manifestado que buscará una audiencia de revisión de medidas, argumentando un deterioro en la salud de Chicas debido a padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.
Eugenio Chicas fue capturado en febrero de 2025 bajo cargos de enriquecimiento ilícito, tras detectarse presuntas irregularidades que superan los 200,000 dólares en perjuicio del Estado salvadoreño. Es importante destacar que el proceso se encuentra bajo reserva total, una medida solicitada por la Fiscalía para proteger la integridad de las indagaciones. Actualmente, el procesado permanece recluido en el centro penitenciario La Occidental, en Santa Ana, a la espera de que se defina su situación jurídica.
Este caso penal guarda estrecha relación con un fallo civil de 2024, donde la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ya había declarado la responsabilidad del exmagistrado por inconsistencias patrimoniales similares. En dicha instancia, se ordenó al exfuncionario y a su núcleo familiar reintegrar al Estado una suma superior a los 202,000 dólares. El actual proceso penal busca determinar si existen responsabilidades de carácter criminal derivadas de dichas anomalías financieras durante su paso por la gestión pública.
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