Hijo de Catalino Miranda enfrenta juicio por estafa de $1.3 millones mediante documentos falsos
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Adalberto Antonio Miranda de defraudar a una víctima tras falsificar la cancelación de una hipoteca millonaria.
Adalberto Antonio Miranda, hijo del fallecido empresario del transporte Catalino Miranda, enfrenta actualmente una vista pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada. Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en 2019, cuando el imputado fungía como representante de la cooperativa Acostes de El Salvador y de una Asociación Cooperativa de Transporte. La representación fiscal sostiene que Miranda utilizó su cargo para realizar maniobras ilegales que derivaron en un perjuicio económico de $1.3 millones contra una víctima.
La investigación detalla que el procesado adquirió originalmente un préstamo por un monto de $1.8 millones, dejando como garantía hipotecaria dos inmuebles y 78 unidades de transporte colectivo. Sin embargo, mediante el uso de documentación falsa, Miranda habría simulado la cancelación total de la deuda para liberar fraudulentamente los registros ante el Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT). Con esta acción, el imputado evitó el pago de $1.3 millones, cantidad restante del crédito que fue tramitada como cancelada de forma engañosa.
Durante el desarrollo del juicio, el ministerio público ha presentado abundantes elementos probatorios con los que busca una sentencia condenatoria y el pago de la responsabilidad civil. La FGR sostiene que la falsificación de los documentos permitió al imputado disponer de los bienes que estaban prendados, afectando directamente el patrimonio de la víctima que otorgó el financiamiento. Se espera que, tras concluir la etapa de alegatos y desfile de pruebas, el tribunal emita su fallo definitivo el próximo 27 de marzo.
Este caso se suma a otros procesos recientes de estafa en el país, como la condena de cinco años dictada en febrero contra René Ventura Alvarado, quien defraudó a un comerciante con más de $375,000 en mercadería de llantas. Al igual que en ese proceso, las autoridades judiciales enfatizan la importancia de la denuncia ciudadana para castigar delitos que afectan la seguridad jurídica de las transacciones comerciales. La resolución contra Adalberto Miranda marcará un precedente importante en la fiscalización de los fondos y garantías manejados por las cooperativas de transporte público en El Salvador.
