Gobierno endurece leyes contra el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción en 2025
Las reformas legales aprobadas en 2025 buscan cerrar espacios de impunidad, acelerar los juicios y sancionar con mayor severidad los delitos cometidos por el crimen organizado y en el ejercicio de la función pública.
Durante 2025, el Gobierno reforzó su estrategia contra el crimen organizado, las pandillas y la corrupción mediante la aprobación de reformas legales y nuevas normativas que endurecen las penas, agilizan los procesos judiciales y amplían las herramientas del Estado para combatir la delincuencia en su modalidad compleja, incluyendo las malas prácticas en el ejercicio de la función pública.
Una de las principales enmiendas fue la reforma de seis artículos de la Ley contra el Crimen Organizado, aprobada por la Asamblea Legislativa. Con estos cambios se elimina la audiencia de imposición de medidas y la audiencia preliminar, facultando a los jueces a decretar la detención desde el momento en que la Fiscalía General de la República presenta el escrito de remisión. A partir de ese acto comienza a correr un plazo de hasta dos años para la realización de una audiencia única, en la cual se emitirá una sentencia definitiva.
Esta modificación elimina el diseño procesal vigente desde 1998, con el argumento de que el sistema judicial no puede permitir la liberación de homicidas, extorsionistas y otros integrantes de estructuras criminales. La normativa también autoriza el enjuiciamiento de prófugos y la continuidad de las audiencias aun cuando existan miembros de una estructura pendientes de ser juzgados.
Otra novedad es que el ministerio público puede presentar a un imputado ante un juez para que se le asigne causa y se ordene su detención únicamente con la revisión del expediente. Asimismo, se establecen plazos de hasta 24 meses para presentar la acusación, prorrogables por 12 meses más, y se permite la acusación parcial contra quienes existan suficientes pruebas.
En el combate a las pandillas, también se reformó la Ley Penal Juvenil, estableciendo que los menores detenidos por delitos de crimen organizado sean enviados a centros penitenciarios de adultos, en pabellones separados, hasta cumplir los 18 años, tras lo cual pasarán al régimen general.
Nuevas leyes contra el lavado de activos y la corrupción
Después de más de dos décadas sin reformas en esta materia, el Congreso aprobó una nueva Ley contra el Lavado de Activos, que eleva las penas hasta 20 años de prisión en casos agravados, especialmente cuando los delitos involucren a funcionarios públicos o recursos provenientes de actividades ilícitas en perjuicio del Estado.
Además, se incrementó de $10,000 a $15,000 el monto permitido para ingresar o sacar del país, y se tipificó el delito de trasiego de activos con penas de tres a cinco años de cárcel.
A estas acciones se suma la Ley Anticorrupción, promovida por el Ejecutivo, que establece un marco legal para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en la función pública, aplicable a servidores y agentes de autoridad de todos los órganos del Estado, reforzando los principios de transparencia y probidad.
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