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Gobierno busca recuperar $280 millones evadidos bajo el decreto 127 aprobado por la anterior Legislatura

La solicitud presentada a esta institución busca que se investigue y verifique el aparente incumplimiento de una sentencia de seguimiento que se ordenó a la anterior Asamblea Legislativa

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha tomado medidas audaces para abordar un asunto crucial que afecta las finanzas públicas en El Salvador, es por esta razón que el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar una solicitud que permita dar seguimiento a más de $280 millones de dólares evadidos bajo el decreto 127, aprobado por la anterior Asamblea Legislativa en el año 2018.

La solicitud presentada a esta institución busca que se investigue y verifique el aparente incumplimiento de una sentencia de seguimiento que se ordenó a la anterior Asamblea Legislativa, la cual culminó con el perdón de más de una decena de evasores fiscales que dejaron de pagar los impuestos.

Esta situación se remonta a junio de 2014, fecha en la cual la anterior Asamblea Legislativa aprobó reformas que permitieron que el Gobierno pusiera en marcha una reforma tributaria que permitió que el Ministerio de Hacienda ampliara el período de investigación de los procesos tributarios en contra de empresas morosas y deudoras al fisco, además le otorgaba la facultad a Hacienda para que hiciera públicos los nombres de dichos deudores.

Sin embargo, tras una serie de recursos de abogados con claros intereses corporativos, el 28 de mayo de 2018, la Sala de lo Constitucional de la época declaró inconstitucional dichas reformas, paralizando los procesos contra los deudores que estaban ya siendo investigados y que tenían que pagar al estado cifras millonarias.

No bastando con el bloqueo a las investigaciones y la decisión de la Sala, el 26 de septiembre de 2018, con 44 votos a favor el Órgano Legislativo aprobó un decreto propuesto por el entonces diputado Rodolfo Parker, el cual eliminaba por completo el cobro contra estas empresas en el período fiscal de 2014 y 2015, dejando en impunidad a decenas de morosos e incluso beneficiando a empresas que debían hasta $9 millones de dólares.

Luego de la aprobación de este decreto, el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén tenía la potestad de vetar dicho decretom pero decidió sancionar y publicar el Decreto 127 atentando contra los intereses de los salvadoreños y amparando una serie de delitos fiscales, lo cual afectó los primeros meses del gobierno del Presidente Nayib Bukele, ya que estos impuestos jamás ingresaron a las arcas del Estado.

Con esta solicitud presentada por Hacienda a la Corte Suprema de Justicia lo que busca el gobierno del Presidente Nayib Bukele, es que la Sala de lo Constitucional actual inicie un proceso que permita la recuperación de cientos de millones, que la maniobra perversa a nivel legislativo, judicial y presidencial llevaron a cabo con el mando de Rodolfo Parker y complicidad del expresidente Sánchez Cerén que facilitaron la mayor evasión fiscal en la historia de El Salvador.

Los más de $280 milones en evasión de impuestos que el Gobierno pretende recuperar podrían permitir el financiamiento de proyectos importantes, como la construcción de un hospital El Salvador en diferentes zonas del país o la ampliar la entrega de computadoras para otros sectores de la población e incluso financiar otra fase del Plan Control Territorial.

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Redacción LPT

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