Gobierno amplía vigencia de ley para garantizar reparación integral a víctimas de El Mozote
Reforma a normativa permitirá que más familias accedan al Registro Único de Víctimas y a medidas de justicia y reparación, cumpliendo con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso con la reparación de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida el 11 de diciembre de 1981, mediante la ampliación de la Ley Especial Transitoria para facilitar el acceso al Registro Único de Víctimas (RUV). La reforma a dicha ley, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 25 de junio y ya vigente tras su publicación en el Diario Oficial, extiende por tres años más el plazo para que los familiares de las víctimas puedan ser incorporados al registro oficial y, con ello, acceder a medidas de reparación.
La normativa original, promulgada en julio de 2022 con una vigencia inicial de tres años, fue diseñada para establecer de manera oficial el estado familiar, la filiación y el nacimiento o muerte de víctimas de la masacre. La enmienda busca evitar que las familias deban recurrir a procesos judiciales ordinarios, costosos y prolongados, para demostrar el vínculo con sus seres queridos asesinados por el batallón Atlacatl durante la guerra civil.
El coordinador del RUV, Andrés Amador, explicó ante la comisión legislativa correspondiente que la prórroga facilitará el acceso a la justicia a cientos de familias que aún no han sido registradas: “La seriedad y el compromiso del Gobierno es lo que nos ha hecho solicitar más tiempo para terminar con éxito lo que comenzamos”.
En diciembre de 2021, el presidente Nayib Bukele anunció una histórica inversión de $32.4 millones en obras de reparación en El Mozote, que incluyen mejoras en salud, educación, vivienda, infraestructura vial, servicios básicos y espacios de convivencia.
La iniciativa responde a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2012, que ordenó al Estado salvadoreño la creación y fortalecimiento permanente del RUV, así como medidas concretas de reparación. En contraste con anteriores gobiernos del FMLN y ARENA, que ignoraron o postergaron estas obligaciones, la administración Bukele ha impulsado acciones tangibles en favor de la memoria, justicia y dignidad de las víctimas.
Con la reforma en vigor, se garantiza no solo el cumplimiento de obligaciones internacionales, sino también la reivindicación de una de las comunidades más golpeadas por la violencia de la guerra.
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