Fiscalía logra cifra histórica de 5,700 condenas por extorsión en los últimos seis años
El uso del régimen de excepción y entregas controladas han sido claves para sentenciar a miles de pandilleros que sometían a comerciantes y familias salvadoreñas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha asestado un golpe contundente a las estructuras dedicadas al chantaje económico, logrando un total de 5,768 condenas por el delito de extorsión entre enero de 2020 y febrero de 2026. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la gran mayoría de estas sentencias, un total de 4,710, corresponden a la modalidad de extorsión agravada, mientras que 1,058 casos fueron tipificados como extorsión simple. Este balance refleja una operatividad sostenida que alcanzó sus picos más altos en 2021 con 1,055 condenas y en 2024 con 1,022, evidenciando la efectividad de las herramientas legales vigentes.
Uno de los casos emblemáticos que ilustra esta efectividad es la condena de Rodrigo Armando Rosales Portillo, sentenciado a ocho años de cárcel tras ser capturado en flagrancia en la residencial Versalles, San Juan Opico. La investigación detalla que Rosales, a bordo de una bicicleta, pretendía cobrar una «colaboración» de $500 bajo amenazas de muerte a la víctima y su familia. Gracias a una entrega controlada coordinada por tres equipos de la Policía Nacional Civil (PNC), el sujeto fue interceptado tras recibir un paquete que simulaba el dinero exigido. En el juicio, el imputado confesó su delito, admitiendo que era plenamente consciente de la ilicitud de sus actos.
La implementación del régimen de excepción a partir de marzo de 2022 ha sido un factor determinante en la aceleración de estos procesos judiciales. Las cifras de 2023 y 2024 muestran una tendencia al alza en la resolución de casos, permitiendo que víctimas que antes guardaban silencio por temor hoy acudan a la justicia. Tal es el caso de un comerciante de Chalchuapa, quien tras ser asediado por el pandillero César Alexánder Cerna Catalán con exigencias de $800, logró identificar a su agresor cuando este ya se encontraba bajo custodia policial, derivando en una condena de 15 años de prisión por extorsión continuada.
Finalmente, el Ministerio Público reafirma que la estrategia de combate a la extorsión no solo se basa en la captura, sino en la solidez de la prueba científica y testimonial presentada en los tribunales. La coordinación entre investigadores y fiscales ha permitido desarticular el flujo financiero de las pandillas, devolviendo la tranquilidad a los sectores productivos del país. Con más de 5,700 criminales fuera de las calles por este delito en el último sexenio, el Estado salvadoreño envía un mensaje de firmeza: el patrimonio y la vida de los ciudadanos honrados son una prioridad innegociable en la nueva era de seguridad nacional.
