La corrupción en El Salvador se está combatiendo y las autoridades actuales han utilizado los recursos necesarios para que todo funcionario que se aprovechó de su cargo para enriquecerse enfrente la justicia. En los últimos tres años, más de 10 exfuncionarios, a quienes se les comprobó que se enriquecieron ilícitamente, fueron condenados a devolver al Estado el dinero cuyo origen no pudieron justificar.
Exministros, exdiputados e incluso expresidentes de FMLN y de ARENA han sido salpicados de sustraer fondos estatales, lo cual fu en sus declaraciones juradas de patrimonio de toma de posesión y cese de funciones. Desde 2021 hasta la fecha, al menos 10 exfuncionarios fueron obligados a devolver al Estado más de $8 millones luego de que enfrentaron un proceso civil.
Las condenas que surgen de un juicio civil bajo la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, vigente desde 1959, no contempla cárcel, sino más bien un régimen sancionatorio de multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.
Entre las condenas más recientes por enriquecimiento ilícito está la del exministro de la Defensa, David Munguía Payés, y su esposa, Sandra Dinora Molina de Munguía. La Cámara Tercera de lo Civil ordenó que el exfuncionario del FMLN devuelva $459,123.74 y su esposa, $3,614.
Un informe de la Sección de Probidad hizo constar que se detectaron indicios de incremento patrimonial no justificado cuando Munguía Payés fungió como ministro de la Defensa entre el 1.o de junio de 2009 y el 21 de noviembre de 2011, en el Gobierno de Mauricio Funes.
El exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) Eduardo Alfonso Linares Rivera; el exviceministro de la Defensa, José Atilio Benítez Parada, y el exdiputado del partido Cambio Democrático (CD) Douglas Me- jía Avilés también han sido parte de los funcionarios condenados a reintegrar grandes sumas de dinero. Solo el exdiputado Mejía Avilés y su esposa deben reintegrar más de $322,761.73
En 2021, de igual forma, la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador resolvió que el expresidente Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia, se enriquecieron ilegalmente por un monto de $4,482,307.53, el cual deberán devolver.
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