Entra en vigor Ley Anticorrupción en El Salvador: una nueva fase en la guerra contra el saqueo estatal
La normativa, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por la Asamblea Legislativa, establece un sistema nacional con 12 instituciones para prevenir, investigar y sancionar delitos de corrupción en la función pública.
Este lunes 11 de agosto marca un nuevo hito en la lucha contra la corrupción en El Salvador, con la entrada en vigencia de la Ley Anticorrupción, una herramienta legal que busca erradicar los actos ilícitos cometidos por funcionarios y empleados públicos. La normativa, propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 7 de febrero, representa un eje central en lo que el presidente Nayib Bukele ha denominado la “guerra contra la corrupción”.
La ley fue aprobada con los votos de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, mientras que las fracciones de oposición de ARENA y VAMOS votaron en contra. Esta nueva normativa, considerada moderna y de carácter especial, consta de 22 artículos y tiene como objetivo prevenir, detectar, investigar y sancionar 13 delitos relacionados con la corrupción.
Entre las principales innovaciones, destaca la creación del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC), conformado por 12 instituciones del Estado, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas (CCR), el Órgano Judicial, el Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional Civil (PNC). Este sistema coordinará esfuerzos para asegurar el acceso irrestricto a juicios de cuentas, auditorías y reportes patrimoniales de los funcionarios.
Además, se establece como ente rector del SINAC a la Fiscalía General de la República, la cual contará con un Centro Nacional Anticorrupción (CNA) especializado en labores de inteligencia y análisis de datos para detectar redes de corrupción. El CNA dispondrá de un presupuesto propio, proporcionado por el Estado, y utilizará tecnología avanzada para rastrear conexiones entre personas, instituciones y transacciones sospechosas.
La normativa exige que todos los funcionarios y empleados públicos, así como sus cónyuges e hijos, presenten junto con la declaración anual de renta un Informe de Activos y Pasivos, con detalle de adquisiciones, transferencias de bienes y saldos patrimoniales.
En cuanto al mecanismo de denuncia, cualquier ciudadano podrá presentar acusaciones ante el SINAC o cualquiera de sus instituciones miembros. La ley también contempla medidas de protección para denunciantes y testigos, con el fin de resguardar su integridad frente a posibles represalias.
Para Nelson Flores, especialista en administración pública, esta ley representa “un avance significativo en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas”. Según explicó, “con esta normativa se busca romper con el pasado de impunidad que caracterizó a gobiernos anteriores, donde las leyes eran diseñadas para proteger a corruptos y evitar devolver lo robado”.
Con esta nueva legislación, el gobierno salvadoreño busca no solo castigar a los responsables de corrupción, sino también prevenir que la función pública sea utilizada como vehículo de enriquecimiento ilícito. El enfoque proactivo del marco legal es una apuesta por institucionalizar la ética pública y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
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