El expresidente Elías Antonio Saca, Juan Tennant Wrigth y Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, exdirigentes de ARENA, deben devolver los $10 millones que Taiwán donó a El Salvador y que según la Fiscalía fueron a parar a las cuentas de ese instituto político en el año 2001.
Con esa pretensión, un grupo de fiscales llegan a la audiencia preliminar que realiza el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, el planteamiento es que se les ordene devolver ese dinero.
En este expediente el ministerio público penalmente no puede hacer nada ya que el delito de lavado de dinero que les fue atribuido había prescrito cuando el exfiscal Raúl Melara los acusó el 1 de marzo de 2019, en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
Pero por la vía civil el caso está activo y el ministerio público con un análisis financiero contable dice que probará que hubo una apropiación de fondos públicos que después fueron legitimados con transacciones bancarias.
Fiscales de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos afirman que los documentos presentados detallan la cantidad donada y que ese dinero fue recibido directamente y mediante cheques por Francisco Flores, en su calidad de presidente de la República de El Salvador.
El ministerio público señaló que el lavado de dinero fue consumado el 30 de abril de 2004, pero la acusación fue presentada hasta el 1 de marzo de 2019, a esa fecha ya habían transcurrido 14 años y 11 meses.
La Cámara en su resolución estableció que la Fiscalía pese a que tuvo conocimiento del lavado de dinero el 21 de enero de 2014, fecha en la que habían transcurrido nueve años y nueve meses después de la emisión del último cheque, judicializó el caso cinco años después.
Las magistras de la Cámara textualmente dijeron que «al momento en que se inició el proceso penal, ya habían transcurrido más de diez años de haber sucedido los hechos y que la aplicación del plazo de diez años obedece a que la institución de la prescripción, es una figura procesal pero que tiene estrecha relación con el fondo de los hechos, por lo que, ante la presencia de dos normas que regulan plazos diferentes para la misma figura jurídica , como son el Código Procesal Penal derogado del año 1987 y el Código Procesal Penal vigente desde el año 2010, es posible aplicar la norma que es más favorable para la persona que se encuentra siendo procesada».
De ahí que se les aplicó el Código Procesal Penal derogado donde la prescripción tiene un plazo de diez años, el ministerio público tuvo que haber acusado a Saca y los empresarios antes del 30 de abril del año 2014, pero dos fiscales generales omitieron esa obligación.
Montos donados
$4,000,000,
Fueron donados en octubre del año 2003, para el proyecto Mitigación de Áreas de Alto Riesgo.
$3,000,000
Este dinero fue donado en diciembre del año 2003 para que se invirtiera en el proyecto Viviendas Permanentes para Afectados de Terremotos.
$1,000,000
Taiwán, donó a El Salvador en octubre de 2003, para el proyecto denominado Infraestructura Básica y Combate a la Pobreza.
$2,000,000
En diciembre del año 2003, se donó este dinero para invertir en Pequeños proyectos para el Desarrollo Económico y Sociales.
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