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Diputados mantienen bloqueo de préstamos para construcción de los CUBO, clave para las comunidades en riesgo social

Estos proyectos nunca fueron una apuesta en administraciones pasadas, las que se dedicaron a establecer planes represivos y a negociar con grupos criminales para lograr reducciones en las cifras de homicidios y otros delitos.

Los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en las zonas vulnerables frente a la violencia son un polo de oportunidades para la niñez y la adolescencia en riesgo social, generando educación y formaciones artística y física. Sin embargo, el bloque opositor en la Asamblea sigue negando sus votos para aprobar los créditos que permitirán financiar este proyecto.

Pese a la negativa irracional de los legisladores, el Gobierno tiene en licitación 18 proyectos en diferentes municipios del país, seleccionados por ser donde las autoridades registran mayor incidencia delincuencial y con deficiencia en infraestructura. Los CUBO son un eje estratégico del Plan Control Territorial, impulsado por el Presidente Nayib Bukele, el cual ha dejado cifras históricas en la reducción de homicidios.

Para ejecutar la fase II de este plan de seguridad se requiere de un crédito por $91 millones con el BCIE, que aún está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. No aportar este financiamiento implicaría dejar a miles de jóvenes sin los beneficios sociales que aportan los CUBO en estas zonas vulnerables.

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Estos proyectos nunca fueron una apuesta en administraciones pasadas, las que se dedicaron a establecer planes represivos y a negociar con grupos criminales para lograr reducciones en las cifras de homicidios y otros delitos.

La construcción de los CUBO implica un trabajo articulado de varias instituciones del Ejecutivo, encabezados por la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y el Ministerio de Vivienda. Son seis de estas infraestructuras las que ya se ejecutan: en la comunidad Emmanuel, en Santa Ana; en San Luis Talpa, La Paz; en La Unión; Soyapango; Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad; y uno que está por iniciar en el caserío El Mozote, Morazán.

Sectores que por años estuvieron excluidos de las políticas públicas, y que gobiernos anteriores estigmatizaron por el hecho de vivir en zonas de escasos recursos, ahora tendrán un espacio digno para poder expresar y canalizar sus potencialidades, como un factor disuasivo ante la violencia.

Redacción LPT

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