Desde la Asamblea, Ernesto Castro: lealtad y apoyo al presidente Nayib Bukele
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha sido un extraordinario aleado desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, consolidando una relación política que ha permitido impulsar reformas de alto impacto en materia de seguridad.
En ese contexto, Castro encabezó el respaldo legislativo a la propuesta de reforma constitucional que busca establecer la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, iniciativa presentada por el Presidente Nayib Bukele a través del gabinete de seguridad liderado por el ministro Gustavo Villatoro.
Durante su intervención, Castro explicó que, al tratarse de una reforma constitucional, el proceso requería el acompañamiento de al menos 10 diputados para ser presentada formalmente. “Se necesita el acompañamiento de no menos de diez diputados”, señaló, al tiempo que invitó a los legisladores a sumarse con su firma.
No obstante, el respaldo superó ampliamente ese requisito mínimo. En un gesto de cohesión política, los 60 diputados del partido oficialista Nuevas Ideas firmaron la iniciativa, consolidando un apoyo total a la propuesta del Ejecutivo y evidenciando la solidez de la mayoría legislativa.
El liderazgo de Castro fue clave para articular este respaldo, permitiendo que la iniciativa avanzara con rapidez dentro del órgano legislativo. La reforma busca eliminar la prohibición de penas perpetuas y permitir su aplicación exclusivamente a criminales de alta peligrosidad.
Este movimiento se da en medio de un contexto de defensa de la estrategia de seguridad del Gobierno, que ha sido cuestionada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, el ministro Villatoro lanzó duras críticas contra estos sectores, incluyendo la frase “váyanse al carajo”, dirigida a quienes, según el Ejecutivo, intentan deslegitimar los avances en seguridad.
Con esta iniciativa, el oficialismo busca consolidar cambios estructurales en el sistema penal salvadoreño, apostando por endurecer las penas y garantizar que los delitos más graves reciban sanciones ejemplares, en línea con la política de seguridad promovida por el Gobierno.
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