Desarticulación de «La Raza» en institutos públicos es una estrategia acertada, según experto

El reciente trabajo de las instituciones de seguridad e inteligencia del Estado para desarticular una nueva pandilla denominada La Raza, que estaba surgiendo en varios institutos públicos del país, ha sido calificado como una acción oportuna y necesaria por parte del abogado y analista Juan Contreras.

Durante su participación en el programa Buenos Días El Salvador, Contreras destacó que estos centros educativos estaban siendo utilizados para reclutar a jóvenes con fines delictivos. “Los jóvenes estaban utilizando ese espacio, que debió ser para su desarrollo académico e intelectual, para reclutar a otros jóvenes, para que fueran a conformar un nuevo grupo delictivo; y creo que ahí es bueno el trabajo de las autoridades, en dar un golpe contundente y dar un golpe de raíz de este tipo de situaciones”, afirmó.

El analista recordó que así comenzaron a gestarse las pandillas tradicionales en el país a finales de los años 80 y principios de los 90, como pequeños grupos de jóvenes en comunidades marginadas, influenciados por deportados con vínculos al crimen organizado. Según Contreras, evitar que un fenómeno similar resurja en las escuelas es una prioridad nacional.

Destacó además que la intervención ha sido posible gracias a la implementación del Plan Control Territorial, actualmente en su fase seis, y reforzado por el régimen de excepción, que ha dotado a las autoridades de herramientas legales más ágiles.

“El régimen de excepción es una herramienta que, por ejemplo, permite a las autoridades revisar el teléfono sin una orden judicial; antes se requería una orden porque es parte de las comunicaciones protegidas. Esto ha permitido la captura de miembros de la estructura que estaban escondidos y no usaban tatuajes”, explicó Contreras.

La desarticulación de “La Raza” envía un mensaje claro de que las instituciones del Estado están vigilantes y dispuestas a actuar de manera preventiva, especialmente en espacios como los centros educativos, donde el Gobierno prioriza la recuperación de entornos seguros para los jóvenes.

Esta acción se suma a una serie de esfuerzos sostenidos que buscan erradicar cualquier intento de reorganización de estructuras criminales, reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad, la educación y el bienestar de la juventud salvadoreña.

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