Cristosal señala a Lorena Peña como víctima de persecución política en reciente informe
La organización civil sostiene que el proceso judicial contra la exdiputada del FMLN es parte de una estrategia para inhabilitar a figuras de la oposición.

La organización no gubernamental Cristosal ha presentado su informe titulado «El precio de disentir: criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025», en el cual cataloga a la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, como una perseguida política. Según el documento, el sistema de justicia está siendo utilizado de manera selectiva para inhabilitar a actores de la oposición, transformando los mecanismos destinados al combate contra la corrupción en herramientas de presión política.
El análisis de la ONG subraya que el caso de Peña responde a un patrón sistemático donde los procesos civiles por presunto enriquecimiento ilícito se emplean para desacreditar a figuras públicas. Cristosal enfatiza que, en estas causas, se observan denuncias sobre la falta de independencia e imparcialidad judicial, señalando además el incumplimiento de garantías procesales fundamentales, como el derecho a una valoración objetiva de las pruebas de descargo y la presunción de inocencia.
Asimismo, el informe critica que la aplicación de la justicia en el país se realiza bajo criterios diferenciados, donde ciertos funcionarios o actores políticos enfrentan procesos rigurosos mientras otros, con señalamientos similares, permanecen fuera de la mira judicial. De acuerdo con la organización, esta instrumentalización del sistema legal no solo debilita el Estado de derecho, sino que distorsiona los principios de justicia al subordinarlos a una agenda de persecución contra sectores específicos.
Finalmente, el documento recalca la preocupación por un contexto de creciente presión sobre el sistema judicial, lo cual, a juicio de la entidad, compromete la legitimidad de las instituciones democráticas. Por su parte, la mención específica al caso de la dirigente política busca exponer, según la organización, las consecuencias del uso de la ley como medio para reducir el espacio de acción de la oposición política, instando a una revisión de los procedimientos actuales bajo estándares internacionales de derechos humanos.







