Criminólogo Ricardo Sosa desmiente existencia previa de la pena perpetua en El Salvador

El experto en criminología, Ricardo Sosa, aclaró contundentemente que en El Salvador no existía la figura de la pena perpetua antes de la reciente reforma constitucional. Durante su intervención en la entrevista «Las cosas como son», Sosa lamentó que ciertos profesionales del derecho intenten confundir a la ciudadanía afirmando que la cadena perpetua ya estaba contemplada en el rango constitucional. El especialista fue enfático al señalar que estas posturas carecen de veracidad y solo buscan sostener un discurso engañoso ante los familiares de personas procesadas.

Sosa explicó que, bajo el marco normativo anterior, la pena máxima de prisión efectiva en el país estaba topada a los 60 años. Detalló que, aunque en el presente siglo se han dictado condenas que acumulan múltiples delitos, la ley establecía que si un recluso cumplía dicho límite y seguía con vida, debía ser puesto en libertad. A su juicio, el interés de algunos abogados en difundir que la pena perpetua ya existía radica en la necesidad de seguir ofreciendo servicios legales bajo falsas promesas de liberación en audiencias preliminares.

La aclaración surge tras la histórica ratificación de la reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa el pasado 26 de marzo. Esta modificación permitirá la aplicación de la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas, una medida que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial y la adecuación de las leyes secundarias por parte de la Corte Suprema de Justicia. Según Sosa, este cambio jurídico es una transformación real y necesaria que rompe con el techo de los 60 años que imperaba anteriormente en el sistema penal salvadoreño.

Finalmente, el criminólogo cuestionó la rigurosidad de informes extranjeros sobre derechos humanos que señalan supuestas capturas arbitrarias masivas. Sosa criticó las contradicciones en las cifras presentadas por organizaciones internacionales y desafió a sus representantes a presentarse en el país como querellantes si sostienen que las detenciones no tienen fundamento legal. Con esta postura, el experto reafirmó su respaldo a la modernización del sistema judicial, asegurando que la transparencia y la verdad jurídica son fundamentales para que la población no sea víctima de engaños profesionales.