René Martínez Pineda
Sociólogo y Escritor, UES-ULS
Los centros penitenciarios son el elemento físico en el que se materializan las ideas de justicia que tiene una población, y en el caso de El Salvador dichas ideas están incididas por el hecho de que la delincuencia ha sido el principal problema que afecta a la mayoría, hasta el punto en que los delincuentes controlaban la mayor parte del territorio y sus víctimas preferidas eran los sectores populares a quienes les hacían más mínimo el salario mínimo. La arquitectura penitenciara en el país tenía un origen e intención perversa: no trataban de rehabilitar, sino en convertir las cárceles en otro espacio delictivo, con lo cual la eficiencia era tal, pero en el sentido negativo de fomentar la delincuencia e impunidad. Ciertamente, el abordaje de la cuestión carcelaria es poco agradable debido a que la delincuencia se desbordó hasta convertirse en un negocio redondo, tanto para sus ejecutores como para quienes se lucraban de ella con agencias privadas de seguridad y, políticamente, con la construcción de nichos electorales con los que se negoció hasta hacer de los delincuentes “los funcionarios invisibles”. Las cárceles no eran diferentes de las empresas dedicadas a las actividades ilícitas como la prostitución, contrabando, trata de personas y narcotráfico.
Era evidente que debía resolverse el problema de la delincuencia (tan masivo) usando el control territorial y, después, pasar a resolver sus causas, siendo la principal la desigualdad social que se profundizó debido a que no hubo una creciente inversión social en los sectores populares, o sea que, si se hubiera invertido en escuelas, universidades, cultura, deportes, seguridad pública y salud en los treinta años anteriores, no sería necesario estar construyendo cárceles. En ese sentido, si bien el gobierno actual es el ejecutor de una mega-cárcel (como parte inevitable del combate al terrorismo y como configuración social), la factura hay que pasársela a ARENA-FMLN. Se entiende al sistema carcelario como configuración social cuando no sólo garantiza el respeto a los derechos humanos de los presos, sino también los de la población en libertad, y eso no era así, pues los delincuentes seguían sus accionar desde la cárcel y corrompían a los encargados de la seguridad carcelaria, y esto explica por qué la delincuencia lejos de irse resolviendo se incrementó hasta convertir en sus rehenes a la población, hasta el punto en que le expropiaron la casa, la calle, el salarios y las noches.
Ahora bien, si el diseño arquitectónico, el marco jurídico antagónico de la impunidad y los sistemas de seguridad mejoran -como se prevé en el Centro de Confinamiento del Terrorismo- su eficacia y lógica de relación entre Crimen y Castigo será potenciada al sellar el circuito delictivo, modernizar la gestión interna y, con ello, disminuir las probabilidades de fuga, corrupción interna y de darle continuidad a los actos delictivos desde la cárcel.
De esa reflexión surge la necesidad de diferenciar entre operatividad del sistema penitenciario y justicia social, entendida ésta como la concreción causal entre crimen, castigo y control social. En nuestro país, la población carcelaria ha aumentado debido a que la delincuencia creció galopantemente en los últimos treinta años, y esa es una realidad que evade, perversamente, la oposición política. Una verdad inexorable es que la población honrada desea menos delitos y eso sólo es posible si se resuelve el problema haciendo uso de todas las herramientas. Hoy, cualquier debate sobre la solución definitiva al terrorismo delincuencial debe partir de las circunstancias económicas, políticas, culturales, sociales y jurídicas heredadas, circunstancias que son las que obligan a resolver primero el problema (cero tolerancia), y luego sus causas, sin que lo último se obvie porque los sectores populares han sido las víctimas cotidianas, lo cual incrementa la desigualdad social. Resolver la delincuencia considerando el aspecto cultural es un trabajo continuo, sin duda, pero el gobierno está demostrando que es posible. Si la tendencia de solución sigue, tendremos la respuesta a la pregunta: ¿qué pasará con el CECOT dentro de unas décadas? Será el museo de cómo se venció la delincuencia en El Salvador.
