Corte Suprema de Justicia y Embajada de EE. UU. fortalecen lazos de cooperación para 2026
El presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, y la encargada de negocios, Naomi Fellows, se reunieron para alinear proyecciones judiciales y fortalecer el sistema de justicia

El fortalecimiento del sistema judicial en El Salvador continúa siendo una prioridad en la agenda de cooperación bilateral. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dr. Henry Alexander Mejía, recibió este día la visita oficial de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows. El encuentro tuvo como eje central conocer las proyecciones estratégicas del Órgano Judicial para el año 2026, reafirmando el compromiso mutuo de trabajar en la modernización y transparencia de la justicia salvadoreña.

En la reunión participaron figuras clave de la delegación estadounidense, entre ellas Katie Plona, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y Benjamín Burnes, oficial político. La presencia de la INL subraya la importancia de la colaboración técnica y financiera que Estados Unidos brinda al país en temas críticos como el combate al narcotráfico y la mejora en la aplicación de la ley, pilares fundamentales para la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana.

Por parte de la máxima instancia judicial de El Salvador, el encuentro contó con la participación del magistrado de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza. Durante el diálogo, se abordaron los planes operativos para el nuevo año, enfatizando la necesidad de continuar con el intercambio de buenas prácticas y el apoyo institucional que permita agilizar los procesos penales y fortalecer la independencia del Órgano Judicial frente a los desafíos regionales.

Esta visita oficial consolida los lazos de amistad entre ambas naciones, proyectando un 2026 de trabajo permanente en la robustez del marco legal. La colaboración con la Embajada de los Estados Unidos sigue siendo un factor determinante para el desarrollo de proyectos de formación jurídica y equipamiento tecnológico, asegurando que el sistema de justicia salvadoreño avance hacia estándares internacionales de eficiencia y equidad.
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