Condenan a Roberto d’Aubuisson por enriquecimiento ilícito y le ordenan devolver casi medio millón de dólares

La Cámara Ambiental de Santa Tecla dictó una sentencia condenatoria contra el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson por el delito de enriquecimiento ilícito, ordenándole restituir al Estado la suma de $450,729.39. Según el fallo judicial, el exfuncionario no pudo justificar el incremento en su patrimonio durante sus periodos como diputado de la Asamblea Legislativa (2012-2015) y como alcalde del municipio de Santa Tecla (2015-2021). La Fiscalía General de la República (FGR) logró acreditar un total de 82 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, confirmando que los ingresos reportados no guardaban congruencia con sus adquisiciones y cuentas bancarias.

La condena civil se extendió también al grupo familiar del exfuncionario, quienes fueron encontrados responsables de recibir fondos cuya procedencia legal no pudo ser demostrada durante el proceso. Su esposa, Jackeline de d’Aubuisson, deberá devolver al Estado la suma de $511,247.72, siendo el monto más alto dentro del núcleo familiar. Asimismo, sus hijos Johanna y Roberto d’Aubuisson fueron condenados a restituir $12,939.87 y $15,480.00, respectivamente. En conjunto, la familia deberá reintegrar a las arcas públicas una cifra que roza el millón de dólares, como resultado de las investigaciones de la Unidad Anticorrupción.

Además de la responsabilidad económica, el tribunal impuso una sanción administrativa que inhabilita a Roberto d’Aubuisson para ejercer cualquier cargo de carácter público por un periodo de 10 años. Esta medida busca garantizar que quienes han incurrido en faltas graves contra la probidad y la transparencia administrativa no tengan acceso a la gestión de fondos estatales en el corto y mediano plazo. La inhabilitación surte efecto inmediato tras la notificación del fallo, marcando un precedente significativo en el control de la función pública y la rendición de cuentas de los representantes electos en El Salvador.

Esta resolución judicial representa un hito en la lucha contra la corrupción y el manejo irregular de recursos del Estado. La Fiscalía destacó que este resultado es fruto de una investigación exhaustiva que permitió desglosar cada una de las inconsistencias financieras presentadas por el exedil y su familia durante casi una década de función pública. Con esta sentencia, las instituciones de justicia reafirman su compromiso de perseguir el enriquecimiento ilícito y asegurar que los fondos públicos que han sido desviados o adquiridos de forma injustificada regresen a las manos del pueblo salvadoreño para su uso en proyectos de beneficio común.