Condenan a 39 años de prisión a cabecilla de la Pandilla 18 por doble intento de homicidio
Marco Antonio Pérez Hernández, líder de una estructura criminal en Ayutuxtepeque, recibió la sentencia tras demostrarse su responsabilidad en ataques armados y agrupaciones ilícitas.

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó una sentencia condenatoria de 39 años de prisión contra Marco Antonio Pérez Hernández. El procesado fue hallado culpable de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de dos personas y por el delito de agrupaciones ilícitas. Las investigaciones fiscales confirmaron su peligrosidad y su rol activo dentro de las estructuras criminales que operaban en el municipio de Ayutuxtepeque, garantizando que no vuelva a atentar contra la seguridad de la población.
Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el 1 de junio de 2013 en la comunidad Cristo Redentor. Según el reporte judicial, Pérez Hernández disparó contra dos víctimas con la intención de segar sus vidas y posteriormente huyó del lugar; sin embargo, gracias a la intervención oportuna, ambas personas lograron sobrevivir al ataque armado. El ahora condenado fue perfilado por las autoridades como el encargado de la clica «Tainys Locos Revolucionarios» de la Pandilla 18, ejerciendo mando sobre un grupo de hasta 30 criminales.
Durante el proceso judicial, el juzgador analizó y dio validez a toda la prueba documental, pericial y testimonial presentada por el ente fiscal. La sentencia se emitió de conformidad con los lineamientos del Código Penal vigente al momento de los hechos, logrando una pena ejemplar que desarticula el liderazgo que el imputado mantenía en la zona. Las autoridades destacaron que este tipo de resoluciones son fundamentales para cerrar casos de violencia que habían quedado en la impunidad durante años.
Finalmente, este fallo judicial representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad organizada en el sector norte de San Salvador. La condena asegura que un líder de pandillas, responsable de coordinar acciones delictivas y ataques directos contra ciudadanos, sea retirado de las calles de forma definitiva. Con esta resolución, el sistema de justicia reafirma su compromiso de castigar con severidad a quienes han utilizado el asedio y la violencia para amedrentar a las familias salvadoreñas en sus propias comunidades.







