Banda de asaltantes recibe condenas históricas por más de 400 años de prisión
Exagentes policiales y civiles simulaban operativos para robar viviendas y comercios en seis departamentos.
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso penas de hasta 433 años de prisión a varios integrantes de una banda dedicada a cometer robos en viviendas y negocios de la zona occidental del país y otros puntos del territorio salvadoreño. La condena, considerada histórica por su magnitud, fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR), que lideró el proceso judicial contra esta estructura criminal integrada por exagentes policiales y civiles.
Las investigaciones revelaron que, entre 2019 y 2022, los miembros de la banda simulaban operativos policiales utilizando uniformes e incluso falsas órdenes de allanamiento para ingresar a casas y establecimientos comerciales. Una vez dentro, sometían a las víctimas y sustraían dinero, artículos electrónicos, joyas y otros objetos de valor. Este modus operandi les permitió ejecutar al menos 41 robos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, San Salvador, Cabañas y La Libertad.
La FGR destacó que las penas impuestas superan los 100 años de prisión para cada uno de los implicados, lo que representa un importante logro en el combate al crimen organizado y al uso ilícito de símbolos institucionales para delinquir. El tribunal determinó que David Orlando Cano Jacobo, identificado como uno de los cabecillas, deberá cumplir 433 años de cárcel por los delitos de robo agravado, hurto agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros condenados fueron Jónathan Saúl Escobar Ortiz, con 305 años de prisión; Mario Edgardo Tobar, con 173; Edwin Nehemías Peñate Hernández, con 133; David Ernesto Murga Ruiz, con 125; y Boris Ofir Bernal Martínez, con 101 años. Todos fueron hallados culpables de participar activamente en la estructura criminal y de vulnerar la confianza pública mediante el uso de elementos policiales para cometer delitos.
La Fiscalía reiteró que este caso marca un precedente relevante en la lucha contra grupos criminales que operan bajo apariencias institucionales, y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las investigaciones y acciones judiciales para garantizar justicia y seguridad a la población.
