Asamblea Legislativa aprueba ley que exonera de impuestos a inversiones extranjeras de alto valor
La nueva normativa ofrece incentivos fiscales a proyectos de inversión iguales o superiores a $2,000 millones con el fin de dinamizar la economía y generar empleo en El Salvador.
El Salvador cuenta con un nuevo régimen legal diseñado para atraer inversiones extranjeras de alto impacto económico, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara, el miércoles 7 de agosto, una ley que otorga exoneraciones fiscales a proyectos cuyo valor sea igual o superior a los $2,000 millones.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por 56 diputados de Nuevas Ideas, PDC y PCN, fue presentada como parte de una estrategia para incrementar la productividad, fomentar las exportaciones y generar empleos, según lo expuesto por el diputado oficialista William Soriano, quien leyó el dictamen 114 emitido por la comisión de hacienda.
Entre los incentivos fiscales más destacados se encuentra la exoneración total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las utilidades, dividendos, regalías, ingresos y otros beneficios económicos derivados de los nuevos proyectos de inversión. Además, no se aplicarán retenciones en la fuente del ISR ni se exigirá el pago de anticipos a cuenta de dicho impuesto.
Los inversionistas también estarán exentos de pagar el Impuesto por transferencia de bienes raíces, los impuestos municipales sobre el activo neto, y los derechos arancelarios e impuestos por importación de maquinaria o equipos utilizados en la operación de las nuevas inversiones.
El marco legal contempla que los beneficios aplican a personas naturales o jurídicas —nacionales radicadas en el exterior o extranjeras— que instalen nuevas actividades económicas en el país con un aporte igual o mayor a $2,000 millones.
“Si queremos transformar el PIB del país, debemos apostar por inversiones de alto valor que realmente impulsen nuestra economía”, expresó Soriano durante la sesión plenaria.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de críticas. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, fue la única que votó en contra y advirtió sobre los posibles riesgos del modelo. “Este régimen está diseñado para atraer capital rápido, pero sin ninguna garantía. Empleos no se generan por decreto”, argumentó.
El partido ARENA, por su parte, se abstuvo de emitir voto.
La ley entra en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, y representa uno de los esfuerzos más ambiciosos del gobierno salvadoreño por convertir al país en un destino competitivo para grandes capitales internacionales. Mientras tanto, analistas y sectores económicos esperan ver si estos incentivos efectivamente se traducen en proyectos concretos, empleos formales y crecimiento sostenible para la economía salvadoreña.
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