Asamblea Legislativa aprueba la 48ª prórroga del régimen de excepción
Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados mantienen la suspensión de derechos constitucionales vinculados a la defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles 24 de febrero de 2026 la cuadragésima octava prolongación del régimen de excepción, medida que continuará vigente del 2 al 31 de marzo del presente año. Con esta decisión, el órgano legislativo mantiene la suspensión de derechos constitucionales relacionados con la defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia.
La votación no presentó variaciones respecto a prórrogas anteriores: 57 diputados votaron a favor, uno en contra y se registró la ausencia de dos legisladores que no permanecieron en el pleno al momento de la discusión de la pieza, lo que evitó que su postura quedara consignada en el tablero electrónico.
El régimen de excepción fue implementado originalmente como una medida extraordinaria para enfrentar la violencia generada por estructuras criminales. Desde entonces, la Asamblea ha avalado sucesivas ampliaciones bajo el argumento de que la herramienta sigue siendo necesaria para consolidar los avances en materia de seguridad pública.
Durante la sesión plenaria, los diputados que respaldaron la prórroga sostuvieron que los resultados obtenidos justifican la continuidad del mecanismo legal, señalando que ha permitido debilitar significativamente a grupos delictivos y reducir índices de criminalidad. Por su parte, el único voto en contra reiteró preocupaciones sobre el impacto de la suspensión prolongada de garantías constitucionales y la necesidad de retornar gradualmente al régimen ordinario.
La nueva extensión reafirma la postura de la mayoría legislativa de mantener el esquema excepcional como parte de la estrategia de seguridad del Estado. De esta modo, marzo cerrará con casi cuatro años consecutivos bajo esta medida, que continúa generando respaldo mayoritario en el pleno, pero también debate en distintos sectores de la sociedad civil y la comunidad jurídica.
