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Asamblea aprueba reforma para castigar con hasta 12 años de cárcel la filtración de datos de inversionistas internacionales

La enmienda a ley especial busca proteger la confidencialidad de clientes extranjeros ante delitos cometidos por empleados locales, respondiendo a una demanda del sector empresarial.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma a la ley especial que penaliza con hasta 12 años de prisión a quienes vulneren la información de inversionistas internacionales, especialmente cuando esta sea filtrada o violentada por empleados salvadoreños.

La iniciativa, propuesta por la bancada de Nuevas Ideas, fue discutida en presencia de representantes de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), quienes respaldaron la enmienda al considerar que resuelve un vacío legal que dejaba en la impunidad delitos cometidos contra clientes extranjeros no domiciliados en el país.

Karla Machón, presidenta del comité de call centers de AmCham El Salvador, subrayó la urgencia de la reforma:
«Responde a una necesidad urgente y esa es proteger la información de nuestros clientes internacionales», señaló durante su intervención ante la comisión.

Machón explicó que, en el contexto actual, si un empleado comete delitos como filtración de datos confidenciales, extorsión o fraude, no se puede proceder judicialmente en El Salvador si la empresa afectada no está legalmente inscrita en el país.
«Esta conducta, además de generar impunidad, limita nuestra capacidad de acción y debilita la confianza de nuestros socios», advirtió.

Con esta modificación legal, el país busca fortalecer el marco de protección de datos empresariales en sectores sensibles como el de servicios tercerizados y call centers, áreas en las que El Salvador ha venido consolidando su participación regional.

La reforma también forma parte de los esfuerzos del gobierno por atraer y proteger la inversión extranjera directa, asegurando un entorno más confiable y regulado para las empresas internacionales que operan desde territorio salvadoreño. El siguiente paso será su discusión en el pleno legislativo para su aprobación definitiva.

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LPT Redacción

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