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ARENA y el FMLN se unieron para debilitar el combate de la corrupción

El FMLN, partido oficialista de 2009 a 2019, promovió una ley para debilitar la persecución civil del enriquecimiento ilícito y otra para impedir que los funcionarios corruptos devolvieran al Estado los bienes muebles e inmuebles malhabidos.

Cuando tuvieron el control de la Asamblea Legislativa, los partidos ARENA y FMLN debilitaron la institucionalidad dedicada a la prevención y el combate de la corrupción para proteger e impedir el procesamiento civil o penal de exfuncionarios salpicados con irregularidades en el uso de fondos públicos, señalan los analistas David Hernández y Mauricio Rodríguez.

En 2015, el FMLN dirigía no solo el Órgano Ejecutivo — con Salvador Sánchez Cerén como presidente de la república—, sino también el Legislativo, por medio de la diputada Lorena Peña, procesada civilmente a inicios de este año por no justificar el incremento patrimonial de $277,482.54.

Peña fue una de las principales impulsoras y defensoras del anteproyecto de la nueva Ley de Probidad, que pretendía derogar y sustituir la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, que está vigente desde mayo de 1959. Esa normativa había recobrado auge en ese momento por el trabajo de la Sección de Probidad, de la Sala de lo Constitucional y de corte plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para investigar y abrir juicios por enriquecimiento ilícito.

Con la nueva Ley de Probidad, el FMLN pretendía eliminar el juicio civil por enriquecimiento ilícito, que está contemplado en el artículo 240 de la Constitución de la República vigente, esto con la finalidad de que los funcionarios no devolvieran al Estado los bienes mal habidos durante sus gestiones.

Después de varias semanas de estudio y debate, la nueva ley de Probidad —que debilitaba el combate contra la corrupción— fue aprobada a las 7:18 de la noche del 16 de diciembre de 2015 con 45 votos a favor de los grupos parlamentarios del FMLN, GANA y PCN. En esa oportunidad, ARENA votó en contra y el PDC se abstuvo de votar.

Siete días después y en el último día hábil del año (23 de diciembre), el presidente Salvador Sánchez Cerén (que en junio de 2021 fue acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República) sancionó la nueva ley, es decir, no le hizo ningún cambio, sino que le dio el visto bueno para su publicación en el «Diario Oficial».

Después de ese período vacacional (el 11 de enero de 2016), la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió, a petición de parte, medidas cautelares que suspendieron la entrada en vigor de la nueva normativa impulsada por el FMLN para debilitar el combate contra la corrupción.

El analista Rodríguez advirtió que con esta reforma los funcionarios pretendían «cubrir sus fechorías como parte de un arreglo de grandes ligas» para «evadir los procesos judiciales».

Gracias a que la nueva ley no entró en vigor, la Corte Plena de la CSJ pudo enviar a juicio por enriquecimiento ilícito —con base en el artículo 240 de la Constitución de la República y la ley vigente de 1959— a Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa.

También envió, entre otros, a juicio por enriquecimiento ilícito al expresidente Mauricio Funes, al exministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara, al exministro de la Defensa David Munguía Payés y a los exdiputados Medardo González y Jorge Schafik Hándal.

Siempre en la legislatura 2015- 2018, todos los grupos parlamentarios —encabezados por ARENA y el FMLN— comenzaron a proponer reformas de la Ley de Extinción de Dominio, para debilitar el combate contra la corrupción que en ese momento lideraba la Sección de Probidad de la CSJ.

Después de varios días de discusiones internas, el 18 de julio de 2017, Carolina Rodríguez, diputada de ARENA, se unió a los votos del FMLN y GANA para aprobar una reforma que debilitó la Ley de Extinción de Dominio.

Previo a las reformas, la extinción de dominio podía ser aplicada en cualquier momento contra el funcionario o exfuncionario, pero después de los cambios los bienes adquiridos con enriquecimiento ilícito ya no podían ser incautados después de 10 años.

Asimismo, con la reforma, los funcionarios y exfuncionarios ya no debían devolverle al Estado los bienes que adquirieron con el enriquecimiento ilícito. Los cambios no entraron en vigor porque la Sala de lo Constitucional emitió medidas cautelares.

«La cúpula ladrona de ARENA y del FMLN estaba amarrando sus chuchos a tiempo para evitar que en el futuro la justicia los obligara, mediante la ley, a devolver lo robado», opinó Hernández.

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Redacción LPT

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