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Antonio Salaverría: «Davivienda pone en entredicho al sistema judicial del país»

El empresario cafetalero José Antonio Salaverría quien actualmente sigue el proceso de ejecución forzosa de la sentencia que condena al Banco Davivienda Salvadoreño al pago de una importante suma de dinero, advirtió en el programa “La Tertulia Con Medardo Alfaro” sobre la delicada y atrevida publicación del banco en sus estados financieros auditados al 30 de junio de 2020 donde textualmente manifiestan:

“Por el momento, IJASAL ha iniciado el trámite normal de ejecución de la sentencia del 13 de junio de 2019 de la Sala de lo Civil, procediendo al diligenciamiento del embargo. Sin Embargo, una vez que se admita la demanda de amparo presentada por el Banco y suspendidos los efectos de la sentencia impugnada, el trámite de ejecución será detenido, según señala el demandante.

Para Salaverría dicha publicación, además de constituir un engaño por parte de la institución bancaria hacia sus usuarios, acreedores, deudores, reguladores, clasificadoras de riesgo e inversionistas puesto que sustenta su situación financiera frente a terceros en un hecho de  futuro incierto, atenta contra la institucionalidad del país, particularmente la credibilidad de la justicia, dado que, en forma atrevida e irresponsable, convierten un hecho incierto en la admisión de la demanda y la suspensión del acto reclamado, o se están adelantando a un hecho que pronto sucederá.

El empresario cafetalero señaló que dicha publicación, “atenta contra la institucionalidad del país”, puesto que da por sentado el resultado de su apelación con tanta seguridad que pone en entredicho el sistema judicial del país, debido a que adelantan una resolución judicial antes de que incluso las mismas autoridades hayan determinado la misma.

El equipo de abogados del empresario advirtió: “Al Órgano Judicial, les hacemos un llamado, a no dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país”.

Se detalló que, en la actualidad el proceso de embargo se encuentra en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, se analiza un recurso de revisión de la sentencia que ordena al Juzgado 1o de lo Mercantil ejecute el fallo y que la institución bancaria pague a Salaverría $49 millones en concepto de daños y perjuicios por dar por terminado unilateralmente un crédito suscrito con el empresario y con ello cerrar un proceso legal de 12 años de duración.

Redacción LPT

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