Analistas proponen nacionalización y nuevos modelos para transformar el transporte público
Expertos urgen modernización estructural que elimine corrupción y mejore el servicio al usuario
Ante la crisis estructural que enfrenta el sistema de transporte público en El Salvador, analistas en administración pública han planteado la nacionalización, las sociedades de economía mixta y los asocios público-privados como alternativas viables para reformar el modelo actual y garantizar un servicio digno y eficiente para la población.
Actualmente, el Estado salvadoreño otorga concesiones de diez años para operar las rutas, mientras que los empresarios privados son dueños de las unidades. Además, reciben subsidios mensuales para mantener tarifas accesibles.
Nelson Flores, especialista en administración pública, consideró que es urgente poner fin a los abusos históricos del sector transportista.
«Lo mejor debería de ser un sistema de transporte administrado por el Estado, o sea, nacionalizar el transporte. Sin embargo, también se podría iniciar un proceso de transición con un sistema de economía mixta o un asocio público-privado, donde el Estado tenga mayor representatividad», señaló.
El asocio público-privado, según Flores, permitiría renovar la flota vehicular, modernizar la infraestructura vial e implementar un sistema de pagos electrónicos durante una etapa de transición hacia la nacionalización total.
«Es urgente un cambio radical en el sistema de transporte que brinde una atención más digna a los usuarios, que han tenido que sufrir tantos vejámenes y maltratos por ese sistema tradicional tan inhumano», subrayó.
Las declaraciones surgen tras la reciente captura de varios empresarios del transporte, entre ellos Genaro Ramírez, quienes se negaron a brindar servicio gratuito en la zona afectada por deslizamientos en Los Chorros, a pesar de que el costo sería cubierto por el Gobierno.
Por su parte, el académico Rafael Góchez abogó por una nacionalización progresiva:
«Lo ideal sería una nacionalización progresiva, introduciendo gradualmente unidades nuevas bajo completo control gubernamental, mientras se van descartando las unidades antiguas o se revoquen los permisos de línea a los empresarios actuales, con su debida compensación».
Góchez también coincidió en la necesidad de implementar un sistema electrónico universal de pago y el monitoreo vía GPS de las unidades, para evitar cobros fraudulentos del subsidio por parte de empresarios que no prestan el servicio.
Ambos expertos recalcaron que cualquier modelo de transición debe tener como eje principal el bienestar de los usuarios, la transparencia en el manejo de recursos y una visión moderna del transporte como un derecho fundamental y no como un negocio clientelista.
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